La baja satisfacción con la vida, la exposición a la violencia sexual y las dificultades para que sus opiniones incidan en las decisiones públicas son parte de los desafíos que enfrentan las niñas y adolescentes en Chile. Así lo plantean Simona Canepa Aravena, jefa de la División de Planificación y Estudios de la Subsecretaría de la Niñez, y María Francisca Barra, directora de la Unidad de Protección y Representación Judicial de la Defensoría de la Niñez, quienes analizan los avances institucionales y las brechas que aún dificultan el ejercicio pleno de sus derechos.
En el marco del Día de la Niña, ambas profesionales coinciden en la necesidad de fortalecer la prevención, mejorar la coordinación entre las instituciones y garantizar que la protección de la infancia se traduzca en respuestas oportunas. La evidencia disponible también muestra diferencias entre niñas y niños en ámbitos como la participación, la salud mental y la explotación sexual.
Avances institucionales que conviven con brechas de género
Canepa destaca que Chile ha experimentado avances en la institucionalidad dedicada a la niñez durante los últimos años. Entre ellos, menciona la creación de la Subsecretaría de la Niñez y de la Defensoría de la Niñez, la separación de los servicios de protección y reinserción, y la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que establece un marco de derechos y crea las oficinas locales de la niñez.
Sin embargo, advierte que estos avances coexisten con desigualdades persistentes. Una de ellas se observa en la participación: de acuerdo con una encuesta realizada junto a Junaeb, las niñas de quinto básico registran una participación del 20%, frente al 37% de los niños. Según la autoridad, una brecha similar también aparece en educación parvularia y primero básico.
Las diferencias también se manifiestan en el bienestar subjetivo. Una encuesta aplicada durante este año a niños, niñas y adolescentes del Servicio de Protección Especializada mostró que el 20,6% de las niñas declara una baja satisfacción con la vida, frente al 11,7% de los niños.
A ello se suma la exposición a la explotación sexual. Según los datos mencionados por Canepa, las niñas representan el 86% de las víctimas al considerar en conjunto los delitos relacionados con esta vulneración, mientras que los niños y adolescentes hombres corresponden al 14%.
Estas cifras, sostiene, evidencian la necesidad de reforzar las acciones preventivas y la protección especializada, con medidas que permitan identificar oportunamente situaciones de riesgo y responder de manera coordinada.
Explotación sexual: una problemática que requiere respuestas estructurales
Desde la Defensoría de la Niñez, Barra advierte que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no puede entenderse como una sucesión de casos aislados. A su juicio, se trata de un fenómeno complejo, asociado a distintos factores de riesgo y a brechas en el acceso a servicios esenciales, particularmente en salud mental, educación y programas de protección.
“Entonces, cuando la Defensoría de Niñez, en su diagnóstico, sigue persistentemente advirtiendo que existen, en el fondo, cifras críticas en materia, por ejemplo, de acceso a salud, ya sobre todo salud mental”, explica al referirse a las dificultades que enfrentan las víctimas y a las listas de espera de los programas de intervención.
La directora también alude a los antecedentes del Observatorio de la Defensoría, según los cuales las denuncias por delitos de explotación aumentaron entre 2022 y 2024. En este sentido, Barra explica que el incremento fue cercano al 70% y que casi el 90% de las víctimas corresponde a niños, niñas y adolescentes, con una afectación mayoritaria de niñas y adolescentes mujeres.
Frente a este escenario, Barra plantea que la respuesta estatal debe abordar las causas y los riesgos antes de que se produzcan nuevas vulneraciones. Esto supone fortalecer las alertas tempranas, gestionar los riesgos a nivel local y territorial y articular el trabajo entre los organismos de justicia, las comunidades y los servicios de protección.
Por su parte, Canepa sostiene que la Subsecretaría de la Niñez trabaja en distintas líneas de prevención y protección. Entre ellas, menciona el plan Chile Cuida a los Niños, que contempla acciones de apoyo a la crianza y al desarrollo de habilidades parentales, además de iniciativas vinculadas a Chile Crece Contigo y a la capacitación de funcionarios de las oficinas locales de la niñez.
En materia de explotación sexual, también destaca el marco de acción para el período 2024-2032, que considera 20 acciones intersectoriales, y la implementación de un circuito de protección integral en las regiones del Maule y Magallanes. El objetivo es mejorar la detección de señales de alerta y la coordinación de las instituciones que intervienen en estos casos.
Salud mental y prevención como prioridades
Para Canepa, la prevención debe ocupar un lugar central en las políticas públicas, junto con la promoción de derechos y el fortalecimiento de los entornos familiares. A su juicio, es necesario que niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos y que las familias puedan constituirse en espacios seguros y protectores.
La salud mental es otra de las prioridades señaladas por la autoridad. Según datos del Observatorio de la Defensoría de la Niñez citados durante la entrevista, en 2025 el 81% de los regresos hospitalarios por autolesiones en niños, niñas y adolescentes correspondió a niñas.
Frente a estos antecedentes, Canepa plantea la importancia de abordar la salud mental mediante los distintos dispositivos y programas del Estado, con coordinación entre las instituciones involucradas. También subraya la necesidad de enfrentar las diferentes manifestaciones de violencia, tanto en el ámbito familiar como en los espacios educativos y comunitarios.
Barra coincide en la urgencia de fortalecer la prevención y garantizar condiciones para el desarrollo integral. A ello agrega la necesidad de asegurar el acceso oportuno a la salud mental, la educación sexual y los entornos seguros, tanto físicos como digitales.
La directora de la Defensoría enfatiza, además, que una niña que ha sufrido una vulneración no pierde su condición de titular de derechos. Por ello, incluso cuando requiere medidas de protección, debe recibir información, ser escuchada y participar en las decisiones que la afectan, considerando siempre su interés superior.
Finalmente, advierte que los avances legislativos y la creación de políticas públicas no son suficientes si no cuentan con recursos para implementarse. La disponibilidad de financiamiento, funcionarios especializados y equipos con dotación adecuada resulta clave para que las medidas tengan efectos concretos en los territorios.
“Pero nada de eso va a tener un efecto importante en sus vidas si es que nosotros no dotamos o el Estado no dota de recursos y financiamiento a los dispositivos territoriales y locales para que puedan dar esa respuesta oportuna, de calidad, con acceso”, finaliza Barra.
Ambas expertas plantean que el desafío no solo consiste en identificar las brechas que afectan a niñas y adolescentes, sino también en traducir los diagnósticos en acciones concretas, preventivas y sostenidas en el tiempo.
