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Hay derechos que pueden estar perfectamente escritos y, sin embargo, sentirse muy lejos. La distancia entre lo que reconoce la Constitución y lo que experimenta una persona en su comunidad es uno de los desafíos centrales de cualquier Estado. En materia de salud, esa distancia puede medirse de manera muy concreta: en kilómetros recorridos, horas de espera, medicamentos que no aparecen o días en los que un ciudadano llega a un centro sanitario y no encuentra quién pueda atenderlo.
En Tamayo, provincia Bahoruco, durante el Diálogo en tu Comunidad por el Bien Común, escuchamos una preocupación que retrata precisamente esa brecha. Las familias explicaron que el centro de salud local llevaba semanas funcionando con horarios incompletos, que había días sin presencia médica y que la farmacia pública tenía dificultades de abastecimiento. Las consecuencias recaían sobre la vida cotidiana: mujeres embarazadas que debían desplazarse para recibir atención y personas envejecientes que no encontraban respuesta cerca de sus hogares.
Puede parecer un problema administrativo. No lo es. Cuando una persona necesita atención médica y el servicio no está disponible, estamos ante algo más profundo que un horario incumplido: la capacidad real del Estado para garantizar un derecho fundamental.
La Constitución dominicana, en su artículo 61, reconoce el derecho a la salud integral y establece responsabilidades concretas del Estado para garantizar su protección. No distingue entre el ciudadano que vive cerca de un gran hospital y aquel que reside en un municipio alejado de los principales centros urbanos. Los derechos no pueden depender del código postal.
La situación fue registrada en el Sistema M158 y dio paso a las gestiones correspondientes con el Servicio Nacional de Salud y las autoridades provinciales. El objetivo era concreto: restablecer la presencia médica, cubrir los horarios, mejorar el abastecimiento de medicamentos esenciales y fortalecer la atención primaria. Semanas después, la comunidad confirmó que la atención había dejado de ser intermitente, que los médicos estaban asistiendo y que había mejorado la disponibilidad de medicamentos.
Ese último paso es fundamental. La metodología no termina cuando una institución recibe una comunicación, ni cuando se celebra una reunión. Se escucha, se registra, se gestiona, se da seguimiento y se verifica con la comunidad. La gestión pública no debe medirse solo por los procedimientos que completa, sino por los resultados que produce en la vida de las personas.
La acción desarrollada en Tamayo tuvo un impacto directo estimado de 4,800 personas y un alcance total aproximado de 15,800 ciudadanos. Sin embargo, detrás de esas cifras existe una realidad más importante: personas que recuperaron una respuesta sanitaria cercana y familias que dejaron de depender de la incertidumbre para atender una necesidad básica.
Recorrer los municipios del país permite comprobar algo que debería formar parte de cualquier discusión seria sobre la modernización del Estado: la territorialidad también es una dimensión de la igualdad. No basta con que exista una política pública; importa dónde llega, cuánto tarda en llegar y con qué calidad la recibe el ciudadano. Una prestación pública que funciona bien en unos lugares y mal en otros termina produciendo desigualdad en el ejercicio de los derechos.
Ahí está uno de los grandes retos del Estado dominicano: convertir la información que surge del territorio en decisiones. Un problema repetido en distintas comunidades deja de ser una incidencia aislada y se convierte en evidencia para la política pública. Esa es una de las posibilidades que abre M158: transformar la escucha territorial en información organizada, la información en gestión y la gestión en resultados verificables.
Tamayo deja una enseñanza que trasciende a Bahoruco. La proximidad del Estado no se mide por la cantidad de oficinas que posee, sino por su capacidad para responder donde vive la gente. Una institución puede estar físicamente lejos y ser efectiva; también puede encontrarse a pocas cuadras y resultar inaccesible. La verdadera cercanía institucional se construye con servicios oportunos, coordinación y resultados.
Hablar de un Estado que funciona no significa defender un Estado más grande. Significa exigir un Estado mejor: capaz de utilizar bien sus recursos, identificar dónde están las brechas, coordinar sus instituciones y garantizar que el lugar donde una persona nació o decidió vivir no determine la calidad de los derechos que puede ejercer.
En Tamayo, la discusión comenzó con médicos, horarios y medicamentos. El asunto de fondo era mayor: si la Constitución puede llegar con la misma fuerza a cada territorio de la República Dominicana.
Servicio para garantizar derechos cuyos resultados crean ciudadanía. Eso es el Estado que Funciona para la Gente. Por el bien común.
Por Pablo Ulloa
