Colombia | El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendieron la ley de rescate fiscal propuesta por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, señalando que la administración “se juega su capital político” con esta iniciativa. Ambos funcionarios explicaron que el proyecto busca responder a las presiones sobre las finanzas públicas, atribuidas a decisiones de la administración anterior como el aumento de la deuda y el crecimiento del costo de sus intereses.
La propuesta, que ya está a consideración del Congreso de la República, incluye recortes al gasto estatal, modificaciones tributarias, un esquema de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cambios en los aportes a salud y medidas para atraer inversión. Según Gómez Martínez, la ley debe ser aprobada antes de finalizar el 2026, advirtiendo que, sin este ajuste, el país enfrentaría dificultades para financiar el Presupuesto General de la Nación en 2027 y sostener el funcionamiento de la estructura estatal. Restrepo complementó esta advertencia, afirmando que “si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default el próximo año”, lo que podría generar problemas para cubrir salarios de funcionarios y programas públicos.
Los funcionarios detallaron que el 70% del ajuste previsto provendría de medidas aplicadas al propio Estado. Restrepo mencionó la reducción de burocracia, contratación y gastos considerados innecesarios, así como la venta de activos que no generaban ingresos. “El primer esfuerzo del Gobierno es reducir el gasto burocrático y el derroche”, afirmó el vicepresidente, indicando que los recursos obtenidos se destinarían a infraestructura, inversión social y reducción de la deuda pública.
Gómez Martínez explicó que la iniciativa propone recortar en un 50% los costos asociados a los contratos por prestación de servicios durante 2027, revisar transferencias estatales y fondos públicos, y vender bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), incluyendo lanchas, aviones, centros comerciales, bodegas y apartamentos. El componente tributario del proyecto se concentraría en los sectores con mayores ingresos.
En cuanto al IVA, la ley propone un mecanismo de devolución que beneficiaría a 36.5 millones de personas: 19 millones recibirían el 100% del impuesto pagado y 16.5 millones accederían a devoluciones parciales de hasta el 50%. Este sistema comenzaría a operar el 1 de enero de 2028, utilizando factura electrónica y medios de pago digitales, con alternativas para quienes no puedan usar esos canales, como giros postales.
La propuesta también contempla que productos como café, azúcar, aceites y pastas pasen de una tarifa de IVA del 5% al 19%. Gómez Martínez aclaró que los hogares incluidos en el esquema de devolución recibirían una compensación, por lo que el aumento lo sentirían principalmente las personas de mayores ingresos.
En materia de renta, el proyecto ampliaría el grupo de personas obligadas a declarar desde ingresos superiores a cinco millones de pesos mensuales. Además, plantea una reducción gradual de la tarifa para empresas, del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. Respecto a la salud, los trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos mantendrían un aporte del 4%, mientras que las contribuciones aumentarían progresivamente hasta el 8% para los salarios más altos. El ministro estimó que esta ley permitiría destinar cerca de 30 billones de pesos adicionales al sistema de salud. Finalmente, la iniciativa eliminaría la exención tributaria para compras internacionales de hasta USD 200, lo que implicaría que los envíos adquiridos en plataformas como Temu, Shein, Amazon y AliExpress pagarían los impuestos correspondientes.
Fuente: Infobae
