«¡Hagamos el psicotécnico!», disparó aquel 12 de noviembre del 2023 Sergio Massa, desde un estallado auditorio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A su lado, un nervioso Javier Milei encaraba la recta final de la carrera contra el ballotage que finalmente ganaría.
El desembarco de Milei en La Rosada instaló por primera vez en la historia la idea de que los funcionarios públicos deban someterse a un psicotécnico para garantizar su idoneidad. Y así, mientras los libertarios buscan impulsar (una vez más) el proyecto de Ficha Limpia en el Senado, desde el peronismo promueven el de Ficha Sana.
El objetivo es que se les realice un examen psicotécnico que, a su vez, será auditado por el cuerpo de peritos psiquiátricos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, probablemente el grupo de profesionales de la salud mental con más laureles para una tarea como esta. La iniciativa tiene un antecedente que presentó el pasado 3 de marzo en Mesa de Entradas el ex gobernador de Chaco Jorge «Coqui» Capitanich.
«La presente ley tiene como objeto establecer la obligatoriedad del examen psicofísico y toxicológico para los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, así como quienes desempeñen funciones críticas, con el fin de garantizar la idoneidad y la integridad de quienes desempeñen funciones de gobierno y protegen la seguridad y el bienestar de la sociedad», reza el primer artículo de la iniciativa.
Además, la medida agrega que el examen se repita cada dos años y que incluya, además de los representantes de los tres poderes, a los jefes policiales y de las fuerzas de seguridad; a los directores y gerentes de los entes autárquicos y empresas estatales.
La iniciativa cuenta con el respaldo de Juliana Di Tullio y de José Mayans y contempla un dato no menor: si bien los resultados no se harán públicos, quien no pase el psicotécnico quedará inhabilitado para asumir el cargo.
