La salud pública no puede convertirse en rehén de los desacuerdos entre las autoridades y el personal médico. El paro nacional de 24 horas convocado para este martes por el Colegio Médico Dominicano vuelve a poner sobre la mesa un problema que exige soluciones: los conflictos laborales en los hospitales públicos terminan perjudicando a quienes más necesitan sus servicios. Y aunque las emergencias y los cuidados críticos seguirán funcionando, miles de pacientes dependen también de consultas, tratamientos y procedimientos que no deberían sufrir interrupciones.
Los médicos tienen derecho a reclamar mejores condiciones laborales, el pago de incentivos, el cumplimiento de los acuerdos y los recursos necesarios para trabajar con dignidad. Sus demandas merecen respuestas concretas, no promesas que se repiten cada vez que se anuncia una protesta. Pero tampoco puede ignorarse la realidad de los pacientes que esperan semanas o meses por una cita, que viajan desde comunidades lejanas o que hacen sacrificios económicos para recibir atención. Para muchas familias dominicanas, el hospital público no es una alternativa más: es su única opción.
El Gobierno, a través del Servicio Nacional de Salud, tiene la responsabilidad de garantizar las atenciones y enfrentar las causas de estos conflictos. No basta con llamar al diálogo cuando el paro ya está convocado. Hace falta cumplir los compromisos, establecer plazos claros y mantener una comunicación permanente con el gremio. Del mismo modo, el Colegio Médico debe ejercer su legítimo derecho a protestar procurando el menor daño posible a la población. Defender las condiciones de trabajo de los médicos y proteger a los pacientes no son causas enfrentadas. Ambas son indispensables para tener un sistema de salud que funcione.
La calidad de la salud pública no se mide solamente por hospitales nuevos, equipos modernos o anuncios de inversiones. También se mide por la capacidad de ofrecer atención cuando la gente la necesita. Las autoridades y el gremio médico deben encontrar soluciones duraderas, con compromisos verificables y voluntad de cumplirlos. El país necesita menos enfrentamientos y más resultados. Porque detrás de cada consulta suspendida hay una persona esperando, y cuando se trata de la salud, el tiempo que se pierde también puede costar vidas.
