Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), Ciudad Alternativa, Red de Coordinación Urbano Popular por la Defensa del Territorio (RECORPODET), Coordinadora Popular Nacional (CPN), Organización de Mujeres y Jóvenes Batey Osvaldo Jolongo (ASOMUJJO), Fundación Código Humano, Servicio Jesuita con Migrantes República Dominicana, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Mujeres Sociopoliticas Mamá Tingó, Asociación de la Comunidad Migrante Dominico-Haitiana, el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA) y el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) realizó este martes una Parada Civica frente al Palacio Nacional, donde reclamó al Estado dominicano una solución definitiva para las personas afectadas por la crisis de nacionalidad y documentación derivada de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. La decisión afectó a más de 200,000 dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que habían nacido, sido registrados y reconocidos por el Estado dominicano como nacionales y que, en numerosos casos, contaban con documentos oficiales dominicanos. Posteriormente, sus derechos de nacionalidad fueron desconocidos de manera retroactiva, dejando a miles de estas personas sin el reconocimiento de una nacionalidad y, en consecuencia, en condición de apatridia.
La actividad se desarrolló bajo el lema “Por el reconocimiento pleno de la nacionalidad y el fin de la apatridia”, a propósito del 13.º aniversario de la sentencia emitida el 23 de septiembre de 2013, cuyos efectos, según la organización, continúan afectando a generaciones de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.
Durante la jornada, representantes de Reconocido señalaron que muchas personas nacidas en la República Dominicana continúan enfrentando dificultades para obtener, renovar o hacer valer documentos de identidad, pese a que en numerosos casos fueron inscritas en el Registro Civil y recibieron documentación emitida por el propio Estado.
El movimiento sostuvo que la situación no puede entenderse únicamente como un problema administrativo, debido a que la falta de seguridad documental puede afectar el acceso a estudios, empleos formales, trámites civiles, registro de hijos y otros derechos fundamentales.
“La nacionalidad no se borra: se garantiza”, reafirmaron los representantes de la organización durante la actividad”, expresó.
reconoci.do
Reconocido también cuestionó que, más de una década después de la aprobación de la Ley 169-14, todavia existan personas con situaciones pendientes relacionadas con su nacionalidad y documentación.
La organización señaló que la aplicación de la legislación estableció tratamientos diferenciados entre los denominados Grupo A y Grupo B y sostuvo que una solución definitiva debe garantizar que las personas nacidas y criadas en la República Dominicana puedan vivir con certeza sobre su identidad y su condición juridica.
Otro de los principales reclamos planteados durante la jornada fue el cese del perfilamiento racial contra dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.
