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EL NUEVO DIARIO, HATO MAYOR.– El defensor del pueblo, Pablo Ulloa pidió este viernes que se aplique un régimen de consecuencias a quienes resulten responsables de las presuntas irregularidades investigadas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), sin importar la posición que ocupen.
“Yo llamo a que el régimen de consecuencias se aplique de manera real, que caiga quien caiga y que sirva de ejemplo para que todo servidor público entienda lo que es la honestidad y el manejo pulcro”, expresó Ulloa.
El funcionario hizo la declaración durante una jornada en Hato Mayor, donde encabezó en la UASD Centro Hato Mayor una charla-taller sobre el nuevo Código Penal, dirigida a orientar a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades.
Ulloa vinculó su posición con la importancia que tiene el tema de la salud en su vida y recordó que sus padres fallecieron a causa del cáncer.
“Mi papá y mi mamá murieron de cáncer. Por lo tanto, para mí la salud es un eje central en mi vida. Tuve que sufrirlo de joven”, manifestó.
Sus declaraciones se produjeron el mismo día en que el Ministerio Público puso en marcha la operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de la investigación sobre el presunto fraude contra SeNaSa.
Como parte de esta operación, las autoridades realizaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, y arrestaron a 28 personas, entre ellas médicos y otros prestadores de servicios de salud, según informó el procurador adjunto Wilson Camacho.
El Ministerio Público sostiene que la investigación busca determinar la participación de exempleados de SeNaSa, médicos y otras personas en un presunto esquema para defraudar a la ARS estatal por miles de millones de pesos.
Durante los allanamientos fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes de acuerdo con el órgano acusador.
La nueva fase amplía una investigación que ya había involucrado a exempleados y otras personas vinculadas a SeNaSa. Las autoridades deberán establecer la responsabilidad individual de cada uno de los investigados dentro del proceso judicial correspondiente.
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