La liberalización absoluta de precios y el control monopólico del mercado en República Dominicana ha golpeado a la población: salarios insuficientes, encarecimiento de alimentos, educación y salud, ausencia de regulación estatal y pérdida del poder adquisitivo, que se redujo a menos del 1% desde 1980.
El libre juego de la oferta y la demanda es una soga al cuello de la población: se tensa cada vez que, por una causa u otra, suben los precios de los artículos de primera necesidad y de los servicios, achicando los pírricos salarios de los trabajadores y los ingresos de quienes ganan el pan en el mercado informal.
En las décadas de los ochenta y noventa, el pueblo reclamaba controles para evitar las alzas de alimentos y gas de cocina. Sin embargo, en vez de proteger a los consumidores, los gobiernos adoptaron políticas de flotación de precios impulsadas por organismos internacionales. Nuevamente se escuchan quejas por los elevados precios de la comida, las carnes de res, cerdo y pollo, el gas de cocina, los libros, los útiles escolares, zapatos, uniformes, inscripciones y mensualidades de colegios privados. El Estado se ha desentendido de este sector: no regula ni interviene mientras se socava el presupuesto de los padres a cambio de una enseñanza deficiente.
La atención sanitaria es otro componente principal de este desorden de precios y carencias, agravado por el encarecimiento desmedido de los medicamentos y su falta de calidad. Se suman las denegaciones de derechos y prestaciones que sufren los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) por parte de las administradoras de riesgos de salud (ARS) y los prestadores de servicios de salud (PSS).
Según el índice de precios al consumidor, RD$100 de diciembre de 1980 equivalen a unos RD$12,580 en julio de 2026. Los mismos RD$100 conservan apenas el 0.79 % de su poder adquisitivo de entonces.
