República Dominicana, Haití, Honduras, El Salvador y Nicaragua prohíben por completo actualmente la interrupción del embarazo. Precisamente este último es un caso llamativo. Un país donde el aborto terapéutico (si peligraba la vida o la salud de la madre) estaba permitido desde 1893. Pero en 2006 tras un pacto político “ya con Daniel Ortega retornado al poder” nos cuenta Edith Pineda, periodista feminista exiliada nicaragüense, editora del medios de comunicación Despacho 505, “se criminaliza el aborto terapéutico y a partir de ahí la prohibición es absoluta”. Eso ha provocado, continúa la periodista, que “el ocultamiento de toda la realidad y de las consecuencias que tiene esta prohibición”. Una de ellas indica, “las interrupciones de embarazos se hacen en clínicas clandestinas” y de esa forma explica Pineda “la vida de la mujer corre mucho peligro donde las prácticas no son seguras”.
Adolescente embarazada en NicaraguaAsociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo
“Las niñas están siendo legalmente violadas”
Una de las consecuencias más perversas de esta prohibición total del aborto, es que han aumentado los embarazos adolescentes, incluso en casos de incesto. Como explica la editora de Despacho 505 “las niñas antes ya los 15 años son dadas a hombres, motivadas por la pobreza, y se permiten esas violaciones consentidas, socialmente consentidas”. De hecho según afirma Pineda “Nicaragua es el segundo país con mayor tasa de matrimonios forzados y de uniones forzadas” y eso provoca, asegura la periodista, que «haya más embarazos adolescentes”. La editora de Despacho 505 dice que “se calcula que el 35% de las menores de 18 años tiene relaciones con hombres mayores”. Y como cuenta la periodista “no hay ninguna acción, ni de la familia ni de la sociedad que reclame el derecho de la niña porque esa niña está siendo legalmente violada”. Además si se quedan embarazadas continúa Pineda “esas niñas son obligadas a continuar con el embarazo” por un lado, explica, porque las familias ven el aborto ”como una afrenta social desde una visión religiosa porque es pecado”. Pero por otro lado “porque está prohibido, y solo se practica a mujeres con recursos económicos”
Edith Pineda, periodista editora Despacho 505, en la Galería Late de MadridTalia Martínez de Marañón
Antes, explica Pineda, las asociaciones feministas hacían un trabajo de educación sobre salud sexual y reproductiva, pero ahora “se interpreta como libertinaje, como promoción del sexo precoz”.
la educación sexual se interpreta como libertinaje, como promoción del sexo precoz
Denuncia la periodista que “se ha desmantelado a estas organizaciones feministas” y así reconoce “ya no realizan el trabajo de educación y acompañamiento que hacían”, especialmente indica la editora de Despacho 505 “en las zonas más recónditas del país, donde el estado no llega”. De esta manera concluye “lo que se hace es contribuir a que un problema social continúe y se profundice en las zonas más pobres del país”. Haría falta para disminuir este problema, asegura Pineda, que “el país pueda recuperar la democracia y recuperar las libertades”.
Morena Soledad Herrera Argueta activista feminista por los derechos reproductivos en Galería Late, MadridTalia Martínez de Marañón
“Es un candado para mantener y perpetuar la penalización del aborto”
En el caso de El Salvador, “había tres excepciones para el aborto en el código penal de 1973” como explica la activista feminista y por los derechos humanos reproductivos Morena Soledad Herrera Argueta, “tanto si estaba en riesgo la salud o la vida de la madre” dice la activista como si “había una malformación fetal incompatible con la vida extrauterina” o cuando, continúa Herrera Argueta, “el embarazo era resultado de una violación”. Pero rememora la feminista que “hubo una iniciativa de la jerarquía de la iglesia católica” sumada, continúa a “ otros grupos fundamentalistas que niegan los derechos de las mujeres y eliminaron legalmente en 1997 las tres formas de aborto no punibles”. Esa reforma del código penal entró en vigor en 1998. Además se aprobó una reforma de la constitución para reconocer el feto, “el estado reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción” explica la activista que sentencia “es una especie de candado para mantener y perpetuar la penalización del aborto”.
Mujeres en el patio de la cárcel en El SalvadorInforme Semanal, TVE
“Hay condenas de cárcel de hasta 45 años para mujeres que abortan”
Lo más pernicioso de esta legislación es que «hay mujeres que van a prisión acusadas de homicidio por haber abortado aunque haya sido de forma espontánea” explica la feminista que incide “en El Salvador hay un régimen de excepción y a mujeres que acuden a los hospitales con problemas obstétricos les aplican el régimen de excepción” y de esa forma aclara “se las puede acusar de haber provocado la muerte del feto”. Y hay condenas de cárcel de “hasta 45 años para mujeres e incluso jovencitas, es una injusticia tremenda”. A muchas, las asociaciones feministas, las habían conseguido excarcelar o reducir sustancialmente la pena, pero con “la llegada de Bukele al poder la situación se ha agravado, es mas restrictiva aún”, dice Herrera Argueta, y eso pese a que antes de llegar a la presidencia estaba dispuesto a reconocer los tres supuesto para el aborto que reconocían en 1973.
tenemos que ser madres y no existen los embarazos no deseados
También se acusa a médicos o personal sanitario si intervienen en la práctica de una interrupción del embarazo, aunque sea para salvar la vida de la madre. “Quieren garantizar la idea de que las mujeres ante todo” sentencia la activista “tenemos que ser madres y no existen los embarazos no deseados”. Pero, denuncia Herrera Argueta, «las mujeres de clase alta sí abortan, fuera del país o en clínicas privadas porque es un negocio ilícito”. Y recuerda la feminista que “ahora es más caro y más clandestino”. Por eso dice que “las injusticias reproductivas sirven para justificar las desigualdades sociales”.
“¿Por qué el estado no le podía garantizar el derecho a la vida?”
Un caso muy llamativo en este sentido es el de Beatriz. Una joven de 22 años, de una zona campesina de El Salvador, en el municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, que sufría lupus (una enfermedad autoinmunitaria crónica) y otras complicaciones sanitarias, entre ellas afectación renal. Había conseguido tener un hijo y se volvió a quedar embarazada. Pero un comité de diez médicos le aconsejaron que debía interrumpir el embarazo. Podía morir durante la gestación o incluso en el parto. “Amenazaba su vida y además diagnosticaron que el feto era anencefálico, es decir, no tenía calota cerebral” cuenta Herrera Argueta. Eso significa que no tenía ni cráneo ni cerebro, lo que impedía su vida extra uterina, o sea que iba a fallecer al nacer. Pese a las contraindicaciones para la madre y el no nato, los médicos tenían miedo de ir a prisión si le practicaban dicho aborto. Así que la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local en las que trabajaba Herrera Argueta, reclaman judicialmente en 2013 para que Beatriz pueda abortar y no poner en riesgo su vida.
Manifestación en El Salvador a favor de que a Beatriz le practicaran un aborto porque corría peligro su vida Claudia Palacios
El caso fue muy complejo, “la Corte Suprema de Justicia de denegó el amparo y prohibió el aborto terapéutico” explica la feminista que rememora que “la gente no podía entender cómo el estado no le podía garantizar el derecho a la vida a esa muchacha”. Tuvieron que pedir “medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Justicia que nos dio la razón” explica la activista por los derechos humanos y reproductivos. Pero con el retraso en los tribunales pasaron 81 días. Así le hicieron una cesárea a Beatriz en la semana 26 de gestación, casi al final del sexto mes de embarazo. Como era previsible médicamente el bebé falleció en pocas horas. Eso complicó aún más la salud de Beatriz. Por eso ella decidió ir de la mano de las asociaciones feministas para seguir luchando judicialmente. «Lo hizo para que otras mujeresno tuvieran que pasar por lo mismo» cuenta Herrera Argueta. Presentan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «una reclamación al estado de El Salvador por poner en riesgo la vida de Beatriz».
el estado le falló dos veces a Beatriz, le falló durante el embarazo y le falló en el accidente
La muchacha sufre un accidente en 2017, y debido a sus problemas de salud, no recibe el tratamiento médico adecuado, y fallece. “Como dice su mamá, el estado le falló dos veces a Beatriz, le falló durante el embarazo y le falló en ese momento” narra con dolor Herrera Argueta. Su madre decide continuar con la causa porque dice “yo quiero cumplir con el deseo que tenía mi hija” cuenta la activista. El fallo de la Corte tarda 10 años. “Es una sentencia que condenó al estado por violar los derechos humanos de Beatriz” explica Herrera Argueta, “y por violencia obstétrica”. Pero continúa “no se pronuncia explícitamente por la penalización absoluta del aborto”.
Manifestación a favor del aborto en El SalvadorClaudia Palacios
En Argentina, Colombia, Uruguay, México y Cuba es totalmente legal la interrupción del embarazo. En el resto de países de América Latina en el que no está prohibido por completo, se puede, pero con supuestos restrictivos: si está en riesgo la salud de la madre o el feto, o si el embarazo es fruto de una violación.
Hay un dato revelador a nivel mundial, la tasa de aborto es en realidad más alta en los países que en los que se restringen el aborto que en aquellos que no lo restringen según el informe que elabora Guttmacher
No vamos a dejar de luchar porque la justicia está de nuestro lado
“No vamos a dejar de luchar porque la justicia está de nuestro lado” asegura la activista por los derechos humanos y reproductivos, que sigue participando de la mano de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo en multitud de actos para reclamar la justicia reproductiva.
