Santo Domingo: una querella presentada ante la Procuraduría General de la República por una afiliada del Seguro Nacional de Salud (Senasa) plantea que sus datos personales y de salud fueron utilizados para reclamar el pago de procedimientos médicos que asegura nunca haber solicitado ni utilizado.
La querella, presentada en septiembre de 2025 por María de los Milagros Flores Ogando, señala una presunta vulneración de sus derechos a la identidad, privacidad, protección de sus datos de salud y seguridad jurídica.
Según el documento, los datos de la querellante habrían sido utilizados para realizar reclamaciones ante SeNaSa por procedimientos que, de acuerdo con su versión, no le fueron practicados ni solicitados.
Querella por presunto uso indebido de datos
La situación coincide con una de las líneas de investigación que desarrolla el Ministerio Público en el caso denominado Senasa 2.0, en el que son investigadas 26 personas.
Audiencia de coerción a 26 investigados
Mientras tanto, el Ministerio Público concluyó la presentación de su solicitud de medida de coerción ante el Juzgado de Atención Permanente, por lo que el tribunal dio paso a la defensa material de los investigados.
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Hasta el momento, al menos 13 de los 26 investigados han hecho uso de la palabra para exponer su posición ante el tribunal.
Luego de que concluya esta etapa, corresponderá a los abogados presentar la defensa técnica de sus representados para, posteriormente, dar paso a las réplicas y contrarréplicas.
Al finalizar las intervenciones, el juez deberá retirarse a deliberar para decidir cuáles medidas de coerción impondrá a los investigados.
Defensa cuestiona prisión preventiva
Uno de los abogados de los investigados cuestionó la solicitud de 18 meses de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público.
El jurista argumentó que parte de las informaciones documentales en las que se sustenta la investigación datan de los años 2021 y 2022, por lo que consideró que el tribunal debe evaluar la necesidad de imponer la prisión preventiva.
La defensa adelantó que solicitará que, en caso de que el juez determine la imposición de una medida de coerción, se considere una alternativa a la prisión preventiva, entre las contempladas por el Código Procesal Penal.
La audiencia continúa este miércoles, mientras las partes presentan sus argumentos ante el tribunal.
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