“¿Y la sesión del Senado?”, es la pregunta que hizo NOVA por la falta de llamado por parte de la Presidencia del cuerpo. La respuesta no va a sorprender a nadie, el ambicioso paquete de reforma del sistema de salud pública impulsado por el gobernador Axel Kicillof y su ministro del área, Nicolás Kreplak, ingresó en una inesperada zona de turbulencia legislativa y política.
Lejos de tratarse de una resistencia exclusiva de los bloques opositores, el proyecto generó un contundente reclamo en bloque de intendentes peronistas, vecinalistas y opositores, quienes le exigieron a la vicegobernadora y titular del Senado, Verónica Magario, suspender el tratamiento de las iniciativas previas a la sesión programada para esta semana.
El movimiento político expone una importante hendidura en la propia base territorial del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio construido por Kicillof para proyectarse a nivel nacional, y pone en duda la posibilidad de alcanzar quórum o consensos para llevar los expedientes al recinto.
Las objeciones elevadas a la Vicegobernación por un abanico transversal de jefes comunales apuntan directamente contra la pérdida de autonomía municipal y la supuesta discrecionalidad en la asignación de recursos.
El artículo más resistido exige que aquellos municipios que pretendan pagar salarios a sus profesionales de la salud por encima de la pauta salarial provincial deban justificar formalmente su decisión ante el CORESA (Consejo Regional de Salud) y el COSAPRO (Consejo de Salud de la Provincia). Los jefes locales lo perciben como un avasallamiento directo a sus facultades de administración de recursos humanos.
Los alcaldes que llegaron a Magario a través de los senadores Germán Lago y Jorge Paredi advirtieron que la transferencia de nuevas responsabilidades en atención primaria y prevención de la salud no cuenta con la correspondiente asignación de partidas presupuestarias o mecanismos automáticos de compensación, amenazando la sustentabilidad de los centros de salud locales.
Aunque la adhesión al nuevo esquema se plantea como voluntaria, los intendentes denuncian que los distritos que no se incorporen quedarán en desventaja o marginados del acceso a programas y financiamientos de la Provincia, transformando la adhesión en un condicionamiento financiero indirecto.
El marco de la Historia Clínica Única y el ecosistema de integrabilidad de datos es visto como una intromisión que acota la capacidad de manejo autónomo sobre los sistemas de información locales.
Dirigentes de Unión por la Patria y de la oposición cuestionaron duramente al Ejecutivo provincial por enviar los proyectos a la Legislatura sin abrir rondas previas de consulta con los secretarios de salud de los municipios ni con los propios intendentes del oficialismo.
El freno impuesto por los jefes territoriales compromete las gestiones de Verónica Magario y la bancada oficialista de Fuerza Patria. Si bien el oficialismo aspiraba a sellar acuerdos parlamentarios entre lunes y martes para convocar a una “sesión doble” sobre el cierre de la semana, la exigencia de modificar o suprimir los artículos vinculados a la injerencia sobre los presupuestos municipales posterga el consenso.
Para el Ejecutivo bonaerense, la dilación de las leyes sanitarias, que contemplan también la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y el Sistema Integrado de Salud (SIPBA), representa un contratiempo en la agenda parlamentaria antes del inicio del debate formal por el Presupuesto Provincial y la Ley Impositiva 2027.
