Santo Domingo.- El “rum rum” es fuerte, quizás más potente que la información fiable. Por eso, quizás, la Unión de Farmacias da un paso al frente para una aclaración sobre el caso de supuesta corrupción en la estatal ARS Senasa: no todas las farmacias deben estar bajo sospecha.
La Unión de Farmacias fijó posición frente al caso SeNaSa 2.0 y advirtió que la lucha contra el fraude no debe debilitar el acceso a medicamentos ni poner bajo sospecha a todo el sector farmacéutico.
En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la organización que agrupa a mil 650 farmacias desde 1984 respaldó las actuaciones del Ministerio Público del fin de semana pero pidió evitar generalizaciones.
La entidad señaló que respalda toda investigación seria, independiente y apegada al debido proceso que permita esclarecer el presunto uso fraudulento de los recursos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Aclaró que la información conocida hasta ahora corresponde a una investigación en curso, por lo que corresponde al Ministerio Público presentar las pruebas y a los tribunales determinar las responsabilidades individuales.
En ese sentido, rechazó tanto la impunidad como las condenas anticipadas y las generalizaciones que puedan afectar injustamente a miles de farmacias y profesionales que cumplen con sus obligaciones.
«La Unión de Farmacias no tolera prácticas contrarias a la ley ni actuaciones que perjudiquen a los afiliados del sistema de seguridad social», expresó en el documento.
El gremio empresarial advirtió además que si una investigación firme demuestra la participación de algún miembro en hechos ilícitos, aplicará las medidas previstas en sus estatutos, sin perjuicio de las consecuencias que establezcan las autoridades competentes.
Reiteró su disposición a colaborar con las autoridades ante cualquier requerimiento formal y a contribuir al fortalecimiento de los controles, la trazabilidad de las dispensaciones y la transparencia en la relación entre las farmacias, las ARS y los afiliados.
El pronunciamiento se produce luego de los 37 allanamientos realizados en la segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en los que fueron arrestadas 28 personas, entre médicos, prestadores de salud y, según confirmó el abogado Jorge Contreras, ejecutivos de dos cadenas farmacéuticas.
