Miles de alumnos catalanes han arrancado este curso 2026-2027 sin colònies, sin excursiones, ni casales, granjas-escuela, campamentos ni viajes de fin de curso. Nada. 1.354 escuelas e institutos, más de la mitad de los centros públicos de Cataluña, se han sumado oficialmente al manifiesto «Paremos las salidas y las colonias». ¿Por qué? No hay ningún sindicato detrás: es una decisión nacida en las asambleas de docentes que arrancó en el Maresme a principios de año y se ha extendido como un incendio.
El mecanismo de presión es sencillo: si el Departamento de Educación no mejora las condiciones laborales del profesorado, los docentes dejan de asumir la carga voluntaria que suponen las salidas con pernoctación, que históricamente recaían en su tiempo libre sin compensación. La Generalitat intentó desactivar el conflicto ofreciendo 50 euros por noche y por docente, una medida que costaría entre seis y diez millones de euros. Para muchos profesores esto es «un parche que no soluciona los problemas de fondo». Veamos qué problemas son esos.
Pérdidas para unos. El frenazo ya se está notando en las cuentas de las empresas del ocio educativo. La patronal ACELLEC, que agrupa a entidades como Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés, calcula una caída del 80% en las reservas de colonias para este curso. El sector cultural (museos, teatros, espacios naturales) también teme quedarse «tocado y hundido» si la tendencia no cambia.
Y para otros. El Síndic de Greuges catalán ha advertido de que suspender estas actividades perjudica, especialmente, a alumnos de entornos desfavorecidos. La tensión entre familias y profesores parece estar creciendo porque el temor de fondo es que estas actividades acaben desapareciendo de la escuela pública mientras la concertada sigue con sus programas de semanas enteras en albergues rurales, intercambios y campamentos copados de actividades.
Aragón, pionero. La pugna salarial nace en realidad de un miedo penal. Todo arranca con el caso del IES Ítaca de Zaragoza, donde dos profesores serán juzgados por la Audiencia Nacional por un presunto homicidio por imprudencia profesional grave tras la muerte de un alumno de 17 años en un viaje de estudios en Bélgica. Será en enero de 2027 y se juegan 4 años de cárcel.
Cuando se conoció la acusación, hasta 46 institutos zaragozanos cancelaron viajes por solidaridad. El Gobierno aragonés respondió con una norma transitoria que los institutos siguen rechazando porque traslada la responsabilidad de evaluar riesgos a los directores sin formación ni respaldo legal. ANPE Aragón ya avisaba de que los docentes asumen «una responsabilidad permanente, las 24 horas del día» sin un marco normativo claro.
Qué dice la ley. La ley dice que “la promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros” corre a cargo del centro y su claustro de docentes: “la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.”
El problema de fondo es que la normativa sobre excursiones y viajes escolares está repartida entre varios niveles y es insuficiente para la realidad actual. A nivel estatal, la LOE establece que los profesores deben participar en actividades complementarias y que la Administración debe cubrir su responsabilidad civil, pero no concreta qué ocurre en caso de accidentes graves ni cómo se valora la “imprudencia” penal.
El Real Decreto de 1995 define qué se considera actividad complementaria o extraescolar, pero data de hace tres décadas y no aborda la complejidad de los viajes con pernocta ni la responsabilidad 24 horas del docente. Las comunidades autónomas intentan rellenar ese vacío con órdenes propias (como la norma transitoria de Aragón) que reconocen funciones de vigilancia y protección del alumnado y prometen cobertura civil, pero sin resolver la sensación de indefensión ante un posible proceso penal ni compensar realmente la dedicación extra que suponen estas salidas. El resultado es un mosaico normativo.
¿Profesor o vigilante? Una profesora madrileña relataba a El Confidencial cómo, en un viaje a Atenas, ella y su compañera hacían rondas nocturnas por las habitaciones para evitar que sus alumnos bebieran alcohol, e incluso registraban las mochilas en la entrada del hotel. Otro profesor jubilado gallego describe en La Voz de Galicia episodios similares: controles de alcohol en el equipaje, negociaciones con discotecas para «tener controlados» a los grupos, drogas requisadas, etc.
¿Más lejos, más riesgo? Destinos internacionales asequibles que se han popularizado entre institutos, como Marruecos, donde paquetes de tres o cuatro días para grupos escolares se ofertan desde apenas 144 euros por alumno, son los más problemáticos: el Código Penal marroquí establece que los menores de 12 años son penalmente irresponsables y los de 12 a 18 solo parcialmente responsables, por lo que cualquier sanción recae de facto bajo la esfera de la responsabilidad parental. Sí: tendrías que viajar a por el niño si “la lía”. Los propios consulados españoles, como el de Nador, recuerdan que la salida de menores de Marruecos depende de las autoridades migratorias marroquíes y que, en situación de conflicto legal, la intervención del tutor es prácticamente obligatoria para resolver el estatus del menor.
Cruzar una frontera y gestionar la vida nocturna de decenas de adolescentes sin la supervisión son justo los factores que ANPE Castilla-La Mancha (comunidad donde este tipo de viajes económicos al norte de África son frecuentes en Bachillerato y FP) señala como fuente de «una enorme carga de responsabilidad, sin cobertura legal», especialmente «cuando se desarrollan fuera del país». El sindicato reclama un protocolo de buenas prácticas y cita expresamente el proceso judicial aragonés como advertencia de lo que puede pasar si nada cambia.
Cuestión nacional. Este curso arrancó con 45.000 alumnos menos que el año pasado y con idénticas reivindicaciones en Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana, donde la Coordinadora d’Assemblees Docents ha anunciado su propia paralización de salidas para 2026-2027. Ya hablamos de nuevas normas sobre el uso de la IA en deberes y exámenes y hasta la llegada de herramientas como el ChatGPT específico para profesores o la batalla silenciosa entre docentes y grandes empresas de IA por el futuro del aula.
A este mapa de tensiones se suma, aunque por causas distintas, la crisis del transporte escolar en Jaén, donde 1.600 alumnos de 32 municipios se han quedado sin ruta al inicio de curso después de que la patronal del sector rechazara licitaciones que, según denuncia, obligan a «trabajar a pérdidas». Y en última instancia, no debemos olvidar que quienes terminan “pagando” nuestros problemas siempre son los más débiles: los alumnos, y más si vienen de familias pobres y, como evidencia el Informe PISA, de la escuela pública.
En Xataka | En 1887, Francia instauró la vuelta al cole en octubre. Los niños tenían más vacaciones… para poder trabajar
