El pasado 10 de abril, Berat Albayrak, ministro de Finanzas de Turquía y yerno del todopoderoso presidente Erdogan, tenía una cita histórica con los mercados. Con los mismos mercados que piden respuestas rápidas y juzgan con la severidad de un sheriff del Far West. La última vez que Albayrak presentó sus propuestas, en agosto, fue un fiasco: sudando la gota gorda ante las cámaras y en medio de las amenazas que se cruzaban su suegro y Donald Trump, nadie las consideró creíbles. Faltaba concreción, no se veía voluntad política, el plan no cuadraba: la lira se hundió un 30% en 2018, la economía se contrajo un 3% en el último trimestre del año pasado, la inflación se ha disparado al 20% y también el número de empresas en bancarrota. Así que el 10 de abril, las expectativas eran altas. Y esta vez la cosa fue mejor.
Albayrak propuso algunas medidas concretas, ortodoxia de la que le gusta a los inversores, promesas para alejarse del populismo financiero que en los últimos años ha inflado la economía turca, azuzada por la burbuja del ladrillo. “Este proceso de cambios y reformas continuará, de manera decidida, durante los próximos cuatro años. El primer paso será reforzar los bancos del Estado”, dijo Albayrak.
El Gobierno inyectará 28.000 millones de liras (unos 4.400 millones de euros) en las tres entidades financieras públicas: Vakifbank, Ziraat y Halkbank. Igualmente, anunció una reforma fiscal que limitará las exenciones, reducirá el impuesto de sociedades y hará que “los grupos de mayor renta paguen unos impuestos justos”, así como una reforma del sistema de pensiones para hacerlo sostenible y fomentar el ahorro.
“Va por el buen camino. Podría ser un buen plan, pero es demasiado pronto para decirlo. La política económica de Turquía está atrapada entre los dirigentes del AKP [el partido islamista gobernante] y los tecnócratas del Ministerio de Finanzas y del Banco Central”, sostiene Paul McNamara, director de inversiones del fondo GAM.
La crisis de la lira ha afectado a las empresas en dos sentidos: al hundirse la cotización, ha encarecido las importaciones, elevando los precios de producción; y ha dificultado la devolución de los préstamos adquiridos en otras divisas por las compañías en época de bonanza. La deuda externa de las empresas superó en enero los 275.000 millones de euros, el 40% del PIB. Y según Bloomberg, las grandes firmas han pedido reestructurar créditos por valor de unos 25.000 millones de euros.
Esos problemas empiezan a reflejarse en los balances de la banca. El porcentaje de préstamos morosos ha pasado, en un año, del 2,92% al 4,11%, y el Banco Central de Turquía estima que en 2019 subirá al 6%. El dato más preocupante es, con todo, el de los préstamos en el peldaño previo a la situación de morosidad, que abarca a otro 11%.
“Ahí está la cuestión principal. Este segmento ha crecido bastante. Lo que no sabemos es si los bancos turcos están facilitando refinanciación a las empresas para evitar que entren en la fase de mora, algo que también se hizo en España y que, dependiendo de la compañía, no es una mala medida. Si es el caso, habría que ver si están discriminando bien entre empresas con cierto futuro o no”, explica el representante de un banco europeo en el país. “Los bancos turcos están bien capitalizados y, si fuera necesario, podrían aplicar beneficios a las reservas de capital. Siguen siendo rentables, menos que antes, pero dan beneficios”.
No en vano, otras de las medidas de Albayrak son limitar el reparto de dividendos y bonus durante el periodo de ajuste y elevar la capitalización de los bancos privados. Actualmente, el ratio de capital que tienen para hacer frente a posibles quiebras o problemas de solvencia está en el 16% de media, superior al de muchas entidades europeas (en España, la media es del 11,3%), pero que puede ser insuficiente ante una cadena de quiebras empresariales.
Garanti, el tercero del país por activos y la mayor inversión española en Turquía (el 49,85% es de BBVA), presenta, en cuanto a capitalización, unos datos similares a la media del sector, aunque ligeramente superior es su tasa de morosidad (5,3%), si bien ha seguido dando beneficios: 6.707 millones de liras el año pasado.
“No me preocupan los bancos privados sino los públicos, porque están siendo usados como una herramienta política”, subraya McNamara. Bajo la presión del Gobierno por mantener la ilusión del crecimiento, los prestamistas públicos ofrecen préstamos por debajo del precio del dinero establecido por el Banco Central: entre cuatro y seis puntos menos que el 24% al que está la tasa de interés de referencia, y mucho más baratos que sus competidores privados (entre el 26% y el 35% anual).
No extraña pues que en enero y febrero las entidades públicas hayan sufrido una caída del 76% en sus beneficios. Lo que sí escama al experto es que, en sus informes, los bancos públicos aseguren tener menos créditos dudosos que los privados. “O bien están falseando las estadísticas, o están prestando a los morosos para refinanciar sus deudas”.
Peor escenario
Aunque, según Timothy Ash, del fondo de inversión BlueBay, “incluso en el peor de los escenarios, con un 20% de créditos en mora, es improbable que esto termine en una crisis de deuda soberana, a menos que la lira se salga fuera de control”. Esa es la clave, la falta de confianza en la moneda. Los depósitos en moneda extranjera, oro y otros metales alcanzaron un nuevo récord en marzo, y ya suponen el 30% del total.
“Los turcos siguen cambiando sus ahorros a otras divisas. Esto sugiere que confían en los bancos, pero no en su moneda o sus gobernantes. Hay una crisis de confianza y credibilidad”, dice Ash: “El programa de Albayrak tiene que cambiar ese sentimiento o la lira seguirá sufriendo”.
El segundo round en esta batalla de la confianza tuvo lugar el pasado día 11. Albayrak y el gobernador del Banco Central se reunieron con más de 400 inversores para explicar los detalles de su plan. Pero los asistentes no salieron contentos. Se necesita más para restaurar la credibilidad de Turquía, dijeron.
La respuesta del Gobierno turco fue acusar a los medios de “manipular” a la opinión pública y dañar a la economía del país. Tres días más tarde, el economista Mustafa Sönmez, muy crítico con el Gobierno, fue detenido durante unas horas acusado de “insultar al presidente”.
