Puerto Príncipe (AGENCIA EFE).- El Gobierno de Haití emitió una prohibición de salir del país contra el juez Joseph Mécène Jean Louis, quien se autoproclamó presidente el pasado lunes a invitación de la oposición.
La orden fue enviada a la Dirección de Inmigración y solicita impedir a Jean Louis salir del país por vía aérea, marítima o terrestre «por presunciones graves de complot contra la seguridad del Estado».
Jean Louis fue designado «presidente interino» por un grupo de partidos de la oposición el pasado lunes, un día después de la fecha en la que, según los opositores, terminaba el mandato del jefe de Estado, Jovenel Moise.
El juez, decano de la Corte de Casación, aceptó el encargo en un video grabado y difundido el lunes y, desde entonces, no ha vuelto a ser visto ni ha realizado más declaraciones.
El mismo lunes, Moise ordenó por decreto la jubilación de Jean Louis y de otros dos jueces supuestamente implicados en el presunto golpe de Estado, y este viernes nombró otros tres magistrados para sustituir a los cesados.
Uno de esos tres magistrados cesados, Yvickel Dabrésil, fue arrestado el pasado fin de semana y fue puesto en libertad el jueves, por medio de una orden de un tribunal de primera instancia.
La polémica orden de Moise de jubilar los jueces ha provocado respuestas de varios países y de organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), además de quejas dentro de Haití.
Para la Asociación Profesional de Magistrados (APM) el decreto que dispone los nombramientos es «ilegal y arbitrario» por ir contra los procedimientos establecidos para el nombramiento de jueces, según expresó la entidad en una rueda de prensa celebrada este viernes.
«El decreto de nombramiento de estos 3 jueces es arbitrario e ilegal. Esto caracteriza una brutal injerencia del ejecutivo en el poder judicial. La ley establece el procedimiento de nombramiento de los jueces del Tribunal de Casación», dijo el presidente de la APM, Martel Jean Claude.
Esta entidad instó a los jueces «a no dejarse arrastrar» y no aceptar los nombramientos.
«Los jueces de cualquier nivel de competencia y credibilidad que acepten ser nombrados en tales circunstancias, están traicionando a la Justicia, al estado de Derecho y al poder judicial», agregó a EFE.
