Que la noticia irrumpa con la violencia de un golpe no es para menos. Saber que cerca del 60 % de las mujeres dominicanas diagnosticadas con cáncer de mama reciben la confirmación médica cuando la enfermedad ya ha colonizado sus cuerpos en etapas avanzadas no es una simple estadística para rellenar informes oficiales. Es una sentencia de dolor, un drama familiar devastador, y sobre todo, la radiografía inapelable de un Estado que le ha fallado sistemáticamente a sus ciudadanas.
Ante este panorama desolador, la pregunta ya no es qué está pasando con la salud pública, sino a quiénes beneficia que el sistema siga funcionando como un engranaje castrador y deficiente.
Es una práctica perversa y recurrente en los discursos oficiales, especialmente cuando llega la pasarela de lazos rosados en octubre, deslizar un dedito acusador sobre las víctimas. Con una condescendencia inaceptable, los voceros de turno se preguntan por qué las mujeres «no acuden a tiempo» a sus revisiones.
Plantear la tragedia desde la supuesta «irresponsabilidad individual» o la «falta de cultura preventiva» no solo es una miopía vil, sino un acto de cobardía institucional.
Las mujeres dominicanas no faltan a sus chequeos por desinterés ni por negligencia. Faltan porque el sistema dominicano de salud las expulsa, las desalienta y las somete a un vía crucis de burocracia, copagos ilegales y trabas administrativas que convierten la prevención en un privilegio de clase.
Los datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) no mienten: miles de nuevos casos de cáncer se suman cada año al Seguro Familiar de Salud. Pero detrás del número no hay abstracciones: hay madres, hijas, sostenes de hogar cuyo destino biológico no lo decide la agresividad celular del tumor, sino el código postal donde residen, su saldo bancario o la ARS a la que pertenecen.
La Atención Primaria el negocio de la salud
El verdadero nudo gordiano de esta tragedia radica en el boicot histórico hacia el Primer Nivel de Atención.
La evidencia científica y la experiencia internacional son tajantes: un sistema de salud eficiente no es el que exhibe grandes edificios para atender enfermos terminales, sino el que sale al barrio, identifica el riesgo en la comunidad y garantiza que una mamografía no requiera tres meses de espera, cinco autorizaciones y un viaje de tres horas a la capital.
Sin embargo, en la República Dominicana, la Atención Primaria sigue siendo la cenicienta del presupuesto nacional.
¿Por qué? Porque la prevención no deja las abultadas ganancias financieras que genera la alta complejidad médica y la comercialización de la enfermedad.
El Estado ha preferido financiar un modelo curativo, fragmentado y centrado en el gasto hospitalario tardío, donde la intervención médica llega cuando la metástasis ya ha hecho su trabajo, en lugar de blindar la puerta de entrada al sistema.
Es una contradicción económica y una aberración humana. Captar el cáncer en Etapa I no solo eleva la tasa de supervivencia por encima del 90 % y evita procedimientos mutilantes, sino que le ahorraría al erario público miles de millones de pesos en tratamientos paliativos y medicamentos de alto costo.
Inercia y maquillaje publicitario
Resulta vergonzoso que tengan que ser fundaciones privadas, organizaciones de la sociedad civil o iniciativas internacionales las que vengan a mapear la «ruta de la paciente» para señalar dónde se rompe la cadena de atención.
¿Dónde ha estado la rectoría del Ministerio de Salud Pública?
¿Qué papel han jugado el Servicio Nacional de Salud (SNS) y SeNaSa más allá de sus costosas campañas de marketing institucional?
Exigir a la ciudadanía que «confíe» en los Centros de Primer Nivel (CPN) y en las policlínicas es un insulto a la inteligencia cuando la realidad muestra recintos desabastecidos, personal médico precarizado y equipos diagnósticos averiados o inexistentes.
La confianza no se edifica con retórica gubernamental ni con fotografías de funcionarios cortando cintas; se construye con presupuesto asignado, voluntad política real y servicios dignos 24/7.
Llegar a tiempo a un diagnóstico de cáncer de mama es, literalmente, la frontera entre la vida y la muerte.
Que 6 de cada 10 dominicanas lleguen tarde no es un accidente del destino ni una fatalidad divina; es una responsabilidad política con nombres y apellidos, que recae sobre las autoridades que, quinquenio tras quinquenio, postergan la reforma estructural del sistema de seguridad social (Ley 87-01) para no rozar los intereses del oligopolio de la salud.
No podemos seguir tolerando la hipocresía de los discursos de género y el exhibicionismo de lazos rosados un mes al año mientras los 11 meses restantes el Estado condena a la mujer dominicana al desamparo oncológico.
Garantizar el acceso rápido, universal, gratuito y sin copagos a diagnósticos de alta precisión no es un acto de caridad ni una dádiva política: es una deuda de justicia social, un derecho humano fundamental y una obligación ética que la República Dominicana no puede seguir evadiendo sin convertirse en cómplice de cada muerte evitable.
