La defensa del exdirector de Senasa Santiago Hazim no objetó que el Ministerio Público reciba una prórroga de cuatro meses para presentar la acusación en el caso de corrupción que investiga un presunto fraude contra el Estado dominicano por más de 19,000 millones de pesos (USD 322,307.04), mientras el tribunal aplazó la audiencia para el 4 de septiembre de 2026.
Según el Ministerio Público, la red habría operado entre 2020 y 2025 dentro del Seguro Nacional de Salud y habría afectado a una aseguradora estatal en la que están afiliados más de 7 millones de dominicanos, en su mayoría personas de bajos ingresos. El plazo original de ocho meses para presentar las conclusiones de la investigación venció el día 14, después de que en diciembre se dictaran las primeras medidas de coerción contra 10 vinculados.
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Deiby Timoteo Peguero pospuso la audiencia luego de que no compareciera la defensa de Francisco Iván Minaya Pérez por la muerte del padre del abogado Jaime Terrero. El magistrado fijó la nueva fecha para conocer la solicitud con la que los fiscales buscan extender el tiempo de investigación.
Miguel Valerio, abogado de Hazim, dijo que no se opone al pedimento porque se trata de un caso complejo y porque ese plazo adicional es un derecho de los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y de la Dirección de Persecución del Ministerio Público. Hiroito Reyes, defensor de Germán Rafael Robles Quiñones, adoptó la misma posición.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó al salir del tribunal que uno de los imputados declaró durante un interrogatorio que “la corrupción era la norma” en Senasa. El funcionario no identificó a la persona que hizo esa afirmación.
Camacho sostuvo que la Administradora de Riesgo de Salud estatal fue impactada por varias redes criminales y adelantó que habrá más personas sometidas dentro del mismo proceso penal. También justificó la solicitud de cuatro meses adicionales para formalizar la acusación contra los detenidos.
De acuerdo con la imputación, al grupo se le atribuyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos. Los fiscales definen la estructura como una “red criminal” articulada durante los cinco años de gestión de Hazim al frente de la ARS.
Según el expediente, Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico, y Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud, habrían creado programas especiales sin sustento técnico ni financiero para recibir sumas millonarias en sobornos. El órgano persecutor sostiene que esos pagos fueron realizados por suplidores y empresarios vinculados a contratos y servicios del sistema.
Junto a Hazim figuran como acusados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. También aparecen Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y otros vinculados a la presunta estructura.
Los primeros cinco cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que varios coimputados permanecen bajo arresto domiciliario. Entre ellos están Read Estrella, Acosta Sención y Pineda Perdomo, quienes ya admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios de Senasa, una colaboración que les permitió recibir esa medida en lugar de prisión preventiva.
El expediente también incluye al empresario Eduardo Read Estrella, propietario de Khersun S.R.L.; a Ada Ledesma Ubiera, ejecutiva de la farmacéutica Lufaka, y a Ramón Alan Speakler Mateo, identificado como ejecutivo del Grupo Siulrod SRL. El Ministerio Público les atribuye haber financiado sobornos a cambio de beneficios derivados de contratos y facturación.
La investigación sostiene que la facturación del Seguro Nacional de Salud fue incrementada de forma fraudulenta mediante sobretratamientos a pacientes. Entre las prácticas descritas aparecen el aumento del número de sesiones de radioterapia y quimioterapia en pacientes oncológicos y la colocación de stents coronarios innecesarios en el área de cardiología.
Otro de los imputados es Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa, arrestado en abril cuando intentaba viajar a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Permanece recluido en Las Parras y está señalado como integrante de la estructura que habría ejecutado fraudes mediante autorizaciones médicas irregulares.
En una decisión reciente citada en por Diario Libre, el tribunal redujo de 20 millones de pesos a 5 millones de pesos la garantía económica impuesta a Ada Ledesma. La medida mantuvo el arresto domiciliario y el uso de grillete electrónico, aunque su defensa había alegado que no podía salir porque no le era posible cubrir la fianza anterior a través de una aseguradora.
