WASHINGTON. – Un hombre de California fue sentenciado a 10 años en prisión por asociarse con centros de llamadas en Perú que defraudaron a ciudadanos de habla hispana de Estados Unidos, por medio de mentiras y amenazas.
“Esta sustancial sentencia de prisión demuestra que la Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá vigorosamente y enjuiciará a los estafadores que victimizan a otras personas por medio de esquemas de telemercadeo internacionales”, dijo Brian M. Boynton, Fiscal General Adjunto Interino, de la División Civil del Departamento de Justicia. “La Rama de Protección al Consumidor, que trabaja junto con el Servicio de Inspección Postal y nuestros socios de la Oficina del Fiscal Federal, llevará justicia a quienes amenazaron y defraudaron a los consumidores, que incluyen a inmigrantes que pueden ser vulnerables a losbesquemas que involucran amenazas a su libertad falsas y la habilidad de permanecer en los Estados Unidos”.
De acuerdo con los documentos del tribunal, Angel Armando Adrianzen, 46, se asoció con una serie de centros de llamadas peruanos que se comunicaron con consumidores estadounidenses, muchos de ellos eran personas recién inmigradas vulnerables, utilizando llamadas telefónicas basadas en internet. Quienes hicieron las llamadas decían ser abogados o representantes del gobierno y le indicaron falsamente a las víctimas que no habían recibido el pago de o la entrega de productos. Las personas que llamaron también amenazaron a las víctimas con procesos judiciales, calificaciones negativas en sus reportes de crédito, encarcelamiento o consecuencias de inmigración falsos si no pagaban de inmediato los productos que supuestamente entregaron o los honorarios de liquidación. Muchas víctimas hicieron pagos basados en estas amenazas infundadas. Adrianzen recibió los pagos de las víctimas y envió productos a las víctimas de estos centros de llamadas, a sabiendas que los centros de llamadas utilizaron medios engañosos y excesivos para extraer dinero de las víctimas vulnerables. A Adrianzen se le declaró culpable y fue sentenciado por dos cargos de posesión de pornografía infantil, que encontraron en su computadora portátil y en su teléfono celular cuando se ejecutaron las órdenes de registro en esos dispositivos.
Como parte de su admisión de culpabilidad, Adrianzen admitió que desde abril de 2011 hasta al menos septiembre de 2019, era el dueño y operador del Centro de Aprendizaje AAD (AAD). Adrianzen operaba y supervisaba AAD en California y trabajaba en asociación con los centros de llamadas en Perú para contactar a consumidores de habla hispana en Estados Unidos, incluyendo el Distrito Sur de Florida. En ADD, Adrianzen participaba en un esquema de telemercadeo fraudulento que ofrecía varios productos para consumidores de habla hispana en para obtener pagos de víctimas vulnerables.
“La sentencia de hoy no solo sirve como castigo para el acusado, pero como aviso a otras personas que podrían aprovechar de víctimas vulnerables¨, dijo el Fiscal Federal Interino, Juan Antonio González, del Distrito Sur de Florida. “El Departamento de Justicia y sus socios investigarán energéticamente dicha actividad criminal. Los encontraremos y nos aseguraremos que se hacen responsables de sus crímenes”.
“En este esquema internacional de telemercadeo, se usaron tácticas de intimidación engañosas para amenazar a miles de consumidores de Estados Unidos, para que compraran productos que no se entregaron, al afirmar falsamente que usarían el sistema legal americano en su contra y al coaccionarles con millones de dólares”, declaró el Inspector Responsable, Joseph Cronin, del Servicio de Inspección Postal de EE.UU., División de Miami. “Esperamos que la sentencia de hoy brinde alivio a los residentes e inmigrantes de Estados Unidos que fueron víctimas de este esquema transnacional fraudulento. El Servicio de Inspección Postal, junto con la rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de EE.UU., están comprometidos a hacer responsables a las personas que usan el correo de EE.UU. para defraudar a consumidores”.
Al declararse culpable, Adrianzen admitió que ayudaba a sus co-conspiradores en Perú a establecer y a contratar personal para los centros de llamadas que contactaban a las víctimas en Estados Unidos y, a veces, le proporcionaba listas de consumidores a contactar a los centros de llamadas y les daba guiones para usarlos en las llamadas. Los guiones incorporaban varias declaraciones falsas, incluyendo dirigir a las personas que realizaban la llamada a afirmar falsamente que eran abogados del Departamento de Educación de EE.UU. En otros guiones, las personas que llamaban afirmaban falsamente que estaban asociados con los canales de televisión, estaciones de radio o empresas de pasta de dientes de habla hispana.
Adrianzen admitió además que sus co-conspiradores afirmaban falsamente que eran abogados, algunas veces llamaban del “departamento legal” de una compañía o de un supuesto “tribunal de delitos menores”. Los co-conspiradores de Adrianzen amenazaban falsamente a las víctimas de deportarlas, arrestarlas o acusarlas de crímenes y de poner calificaciones negativas en sus reportes de crédito si no pagaban cientos de dólares en honorarios exigidos. Por último, Adrianzen proceso más de $3,500,000 en pagos como parte de este esquema.
El Juez de Distrito de EE.UU., Robert N. Scola Jr., sentenció a Adrianzen a una condena de 121 meses en prisión, seguida de quince años de liberación supervisada. También se le ordenó que restituyera el pago a las víctimas de sus ofensas. El 16 de septiembre de 2010 arrestaron a Adrianzen y ha permanecido encarcelado. El 21 de noviembre de 2019, se declaró culpable de conspiración de uso fraudulento del correo y giros bancarios.
La División de Miami del Servicio de Inspección Postal de EE.UU. y la Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia investigaron el caso.
Los abogados litigantes Phil Toomajian y Joshua Rothman de la Rama de Protección al Consumidor procesaron el caso. La Fiscal Federal Auxiliar, Bertila Fernandez, del Distrito Sur de Florida asistió con el proceso de los cargos de pornografía infantil.
