El oficial principal de Cumplimiento para las filiales internacionales de Banco de Occidente, Eliecer Alberto Castillo, aseguró que la creciente judicialización de los casos de lavado de activos y otros delitos financieros está trasladando la responsabilidad desde las instituciones hacia las personas encargadas de supervisar el cumplimiento normativo.
Fue en una entrevista concedida a elDinero en el XXIX Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) y el XXIV Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (Selatca), donde el especialista señaló que una de las principales preocupaciones de quienes ejercen esta función es la posibilidad de ser responsabilizados personalmente cuando una entidad enfrenta un caso de lavado de activos o incumplimiento regulatorio.
“Existe un riesgo latente de que la institución intente usar al oficial de cumplimiento como un escudo protector o un chivo expiatorio cuando las cosas salen mal”, afirmó.
Ante ese escenario, Castillo sostuvo que la principal defensa del profesional es documentar todas las advertencias, recomendaciones y desacuerdos relacionados con clientes, productos u operaciones de alto riesgo.
Explicó que, cuando la alta gerencia o los accionistas deciden continuar con una operación pese a las observaciones del área de Cumplimiento, esa decisión debe quedar registrada formalmente junto con su justificación y las advertencias realizadas.
“El día que explota un escándalo, lo único que salva al oficial de cumplimiento es la evidencia irrefutable de que hizo su trabajo, escaló las alertas en tiempo y forma, y ejerció su derecho a disentir por los canales institucionales”, sostuvo.
Castillo indicó que la trazabilidad documental no solo protege al oficial de cumplimiento, sino que también fortalece la gobernanza de las organizaciones al delimitar las responsabilidades de quienes toman las decisiones sobre riesgos.
