La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en el uso de sus atribuciones y facultades, procedió a realizar formal deposito por ante la Procuraduría General de la República los casos relativos a la sustracción de discos duro del Plan Social de la Presidencia; y de la investigación que realizara en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, referente a la denuncia pública sobre ventas de cargos y nombramientos en ese Ministerio.
Para la DIGEIG es necesario que se establezcan precedentes que generen una cultura de consecuencias y sanciones penales por la comisión de actos contra el interés general de la sociedad y los recursos públicos.
Sobre la sustracción de Discos Duro del Plan Social de la Presidencia, establece que la sustracción o mal uso de los bienes e instrumentos públicos que impiden el uso de la data, de las informaciones necesarias para la continuidad y correcta ejecución de las políticas públicas es una conducta que debe ser combatida por toda la sociedad. Que no es posible que ciudadanos sin importar su condición social, puedan hacer uso privado y discrecional de bienes cuya adquisición es el resultado de una inversión de fondos provenientes del presupuesto de la República.
Por otro lado, resalta que, en el caso de su investigación en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, el expediente está compuesto de unos 40 documentos de cuyo análisis se determinó la procedencia de su depósito por ante la Procuraduría General de la República, para que la misma valore las responsabilidades penales que estime de lugar. Expresa que en los archivos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental se encontraron denuncias de varios años atrás relativos a la venta de posiciones y cargos en el Ministerio de Salud Pública, situación histórica, que fue corroborada públicamente por el Dr. Nelson Rodríguez Monegro ex Director del Servicio Nacional de Salud.
La importancia de este caso y su investigación es que puede contribuir a superar una situación arrastrada, que requiere del esfuerzo de todos para mejorar la salud del sistema de la administración pública.
