Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante mexicano conocido como el Chapo, fue sentenciado el 17 de julio a cadena perpetua, con lo que termina una de las carreras criminales más brutales y notorias de la historia moderna.
La cadena perpetua, dictada por la ley como resultado de lo grave de los crímenes de Guzmán, fue dada a conocer en la Corte de Distrito Federal en Brooklyn donde el capo fue declarado culpable en febrero pasado por los cargos de narcotráfico, asesinato y lavado de dinero después de un juicio de tres meses.
Mientras algunos de los agentes federales que lo persiguieron durante años miraban desde la galería, el juez Brian Cogan dictó la cadena perpetua y Guzmán, de 62 años, fue llevado para prepararlo —después de una apelación— para que pase el resto de su vida tras las rejas.
El juez Cogan dijo que la “abrumadora maldad” de los crímenes de Guzmán era evidente. Además de sentenciarlo a una cadena perpetua más treinta años, ordenó al capo pagar 12 600 millones de dólares en reparación de daños.
Guzmán habló durante varios minutos antes de su sentencia y dijo que no había sido un juicio justo y se quejó sobre su encarcelamiento en una prisión federal en Manhattan, al calificarlo de una “tortura psicológica, emocional y mental veinticuatro horas al día”.
“Dado que el gobierno de Estados Unidos me va a enviar a una prisión en la que mi nombre no volverá a ser escuchado nunca más, aprovecho esta oportunidad para decir que aquí no hubo justicia”, dijo el exlíder del Cártel de Sinaloa.
El Chapo casi seguramente será enviado a la prisión federal más restrictiva de Estados Unidos, ADX, una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado.
La carrera de Guzmán al frente de uno de los cárteles más poderosos de México llegó a su fin solo después de que México aceptó extraditarlo a Estados Unidos en enero de 2017. Su habilidad para escapar de prisión y evadir la captura durante años subrayó la arraigada corrupción de las autoridades mexicanas favorecida por su cártel, que sobornaba e intimidaba para controlar no solo a departamentos de policía locales, sino también a los funcionarios de más alto rango en el gobierno mexicano.
“Es justicia no solo para el gobierno mexicano, sino para todas las víctimas de Guzmán en México”, dijo Raymond P. Donovan, el agente a cargo de la oficina en Nueva York de la Administración de Control de Drogas (DEA), que fue vital para capturar dos veces al Chapo.
El juicio se desarrolló durante un intenso escrutinio de parte de los medios y fuertes medidas de seguridad que involucraron perros que olfateaban en busca de bombas, francotiradores de la policía y oficiales federales con sensores de radiación.
Los fiscales enfatizaron algunos de los cargos más graves contra él, al presentar evidencia de que envió cientos de toneladas de droga a Estados Unidos desde México y causó la muerte de decenas de personas para protegerse a sí mismo y sus rutas de tráfico.
El caso reveló detalladamente el funcionamiento interno del Cártel de Sinaloa; por ejemplo: cómo utilizó consultores en informática y cómo empacaba su cocaína en “condones”.
No obstante, dada la fama y notoriedad del acusado, el juicio también fue un bullicioso circo legal, completado por una horda de reporteros internacionales, un constante flujo de narcoturistas y una aparición especial del actor que interpreta al Chapo en una serie de Netflix.
El veredicto el 12 de febrero llegó después de más de una semana de deliberaciones del jurado. Al final, Guzmán fue declarado culpable de los diez cargos en su contra.
A medida que el veredicto era leído, él permanecía sentado mientras escuchaba al traductor y lucía asombrado. Cuando la lectura del veredicto concluyó, Guzmán se recargó sobre la espalda para mirar a su esposa, Emma Coronel Aispuro, que señaló con el pulgar hacia arriba con lágrimas en los ojos.
Ese día, Richard P. Donoghue, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, calificó el veredicto de culpable como una victoria para las autoridades.
“Existen personas que dicen que no vale la pena la guerra contra las drogas”, dijo Donoghue. “Esas personas están equivocadas”.
Hasta los abogados de Guzmán aceptaron que defender al capo era una tarea desalentadora.
“Nunca he enfrentado un caso con tantos testigos dispuestos a cooperar y tanta evidencia”, dijo Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Guzmán. “Hicimos todo lo que pudimos como abogados defensores”.
Dos días después de la condena de Guzmán en febrero, dos de los hijos del capo, Joaquín y Ovidio Guzmán López, fueron acusados por fiscales federales en Washington.
Varios días después de eso, uno de los integrantes del jurado, que habló de manera anónima, le dijo a un reportero de Vice que varios de los jurados habían desobedecido órdenes en repetidas ocasiones del juez Cogan para no seguir la cobertura del juicio en los medios. El artículo en Vice causó que los abogados de Guzmán sometieran una moción para solicitar un nuevo juicio. Durante algunas semanas, parecía posible que los jurados fueran llevados de nuevo a la corte para una audiencia en la que se determinaría si sí habían actuado inapropiadamente.
No obstante, a principios de julio, el juez Cogan negó la moción de nuevo juicio y avanzó el proceso hacia la sentencia.
Las autoridades estadounidenses comenzaron la cacería del capo a principios de la década de los noventa, cuando fue acusado de cargos federales separados en Tucson, Arizona, y en San Diego, California.
Las dos acusaciones fueron presentadas justo antes y poco después de que fue arrestado cuando buscaba escapar a Guatemala. Lo regresaron a México, donde fue juzgado y encarcelado por el asesinato en 1993 del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
No obstante, en 2001, Guzmán escapó de prisión —según muchos relatos, en un carrito de la lavandería— y pasó los siguientes trece años jugando al gato y al ratón con las autoridades.
Evadió tanto el arresto como cinco presentaciones de cargos en su contra en Estados Unidos, principalmente al moverse entre una serie de escondites en la sierra Madre en el estado mexicano de Sinaloa.
En febrero de 2012, las autoridades mexicanas y estadounidenses estuvieron muy cerca de capturarlo en una mansión con vista al mar en Cabo San Lucas, Baja California Sur, en México.
Sin embargo, no fue hasta que Donovan y una vasta coalición de policías y militares en ambos lados de la frontera montaron una operación enorme de escuchas que infiltró la red de comunicación del narcotraficante que lograron capturarlo. Fue localizado en un condominio frente al mar en Mazatlán, Sinaloa, en febrero de 2014.
No obstante, año y medio después, se había escapado de nuevo —esta vez, a través de un sofisticado túnel que llegaba hasta la regadera de su celda en prisión—. Una coalición similar a la que lo atrapó en 2014 redobló esfuerzos y recapturó al capo, después de un violento enfrentamiento a tiros, en Los Mochis, Sinaloa, México, a principios de 2016.
Cuando Guzmán finalmente enfrentó el juicio en Nueva York en noviembre, su condena estaba asegurada debido a la gran cantidad de evidencia recolectada en su contra durante todos estos años.
Parte de esa evidencia provino de varias llamadas interceptadas e incriminatorias que los agentes escucharon durante meses entre el capo y sus subordinados. Sin embargo, los catorce testigos que formaron parte del Cártel de Sinaloa y que testificaron en su contra fueron igualmente dañinos.
Desde su extradición a los Estados Unidos en enero de 2017, Guzmán ha estado en 10 South, el ala de máxima seguridad de la prisión federal de Manhattan. El miércoles le dijo al juez Cogan que desde que había llegado allí se había visto obligado a beber “agua insalubre” y a usar tapones para los oídos hechos de papel higiénico para aislarse del bullicio del sistema de ventilación.
En respuesta, la fiscala federal Gina Parlovecchio dijo que era irónico que Guzmán se quejara de un trato poco digno en prisión dado que no había mostrado ningún respeto hacia sus innumerables víctimas, no sólo hacia aquellas que mató o persiguió sino hacia las miles que resultaron dañadas por las drogas que distribuyó en las calles y con las que amasó una inmensa fortuna de “dinero de sangre”.
Una de esas víctimas, Andrea Velez, habló en la corte el miércoles. Entre lágrimas describió cómo Guzmán le había pagado un millón de dólares a un grupo canadiense de los Hells Angels en un atentado fallido para asesinarla. En algún momento Velez fue asistente personal de uno de los lugartenientes principales del capo, Álex Cifuentes Villa, pero eventualmente se convirtió en una informante del FBI que espió al narcotraficante y a sus aliados.
“Soy un milagro de Dios”, dijo Velez, “porque el señor Guzmán intentó matarme”.
Fuente: www.nytimes.com
