Los acusados en el supuesto entramado de corrupción de las operaciones Coral y Coral 5G, deberán responder de los hechos que se le imputan en un juicio de fondo, según estableció la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La magistrada, quien anunció que el 21 de agosto dará la lectura íntegra de la decisión, dispuso el mantenimiento de la medida de coerción que pesa en contra de los imputados enviados a juicio de fondo.
En una audiencia que se extendió por unas seis horas, la magistrada Rivas analizó las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público para luego leer las motivaciones y dictar el fallo que alcanzó a las 29 personas físicas imputadas en este proceso judicial.
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En cuanto a las personas jurídicas implicadas en esta acusación, la magistrada también dictó auto de apertura a juicio contra 15 de estas, dejando pendiente fecha de conocer audiencia preliminar a las empresas S.O.S Carretera S.R.L., S.S.A Corporation S.R.L, Meijo Comercial, E.I.R.L y Optumus E.I.R.L.
Dentro de las empresas que deberán responder en juicio de fondo se encuentran Randa International Company, Rawel Importadores, RG y Soluciones Financieras, Único Real State e Inversiones, Aldom Glass Aluminium, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial, Distribuidor KF, Distribuidora TAFL, Hacienda Kelman, Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve, MJTRESV Agroindustrial y RyF Agroindustrial.
El tribunal rechazó declarar inadmisible la constitución en acción civil a los abogados que representan al Estado, quienes reclaman indemnización por la sustracción de los recursos del erario.
No obstante, la jueza declaró inadmisible la acción civil de la Fundación Alfredo Nobel, quien se querelló en contra de los imputados.
El tribunal rechazó una serie de incidentes planteados por la defensa de los imputados, concernientes a la institucionalidad, nulidad de la acusación, inadmisibilidad, entre otros pedidos que buscaba la nulidad del proceso.
También rechazó dejar fuera la mayoría de las pruebas, sobre todo periciales, por entender que los argumentos de la defensa no tenían fundamentos y solo se basaron en la subjetividad y los prejuicios.
En cuanto al recurso de oposición presentado por algunas defensas de los imputados sobre el nombre de la operación judicial, el tribunal rechazó la solicitud alegando que este es el nombre de la investigación del Ministerio Público y no aduce a ninguno de los encargados.
Acusados de corrupción
El tribunal dictó auto de apertura a juicio en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre; la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Guzmán; el coronel Rafael Nuñez de Aza; el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Igualmente, a los generales Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
También al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Miguel Ventura Pichardo, el cabo Jehohanan Rodríguez Jiménez y Erasmo Roger Pérez Núñez.
Los recursos habrían sido sustraídos a través del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), que dirigía Cáceres Silvestre, y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
La distracción de fondos públicos, desde 2012 al 2020, se habría hecho en la compra de raciones de alimentos, combustibles y en el nombramiento de policías y militares a los cuales se les pagaba menos del 30 por ciento del salario y el restante se quedaba en las manos de la red.
También de los fondos de inteligencia que no se destinaban a ese concepto y que igualmente se los quedaba el entramado.
Reacciones a la decisión
Mientras que el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), consideró que la decisión del tribunal es una muestra de la fortaleza de la acusación en el caso Coral y Coral 5G.
Negó que la decisión del tribunal de dictar auto de apertura a juicio en contra de todos los implicados en el caso se deba a una línea política, señalando que la forma más fácil de evaluar un proceso en cualquier caso son las pruebas.
De su lado, el abogado Waldo Paulino, quien defiende al general Reyes Batista acusó a la jueza de dirigir un juicio político y que ella recibió la seña que le enviaron para mandar a juicio de fondo a todos los encartados en el caso.
Dijo que resulta imposible que 48 imputados en el este caso sean enviados a juicio de fondo, o todos sus abogados son unos analfabeto “´por Dios ahí lo que hubo fue una línea política en contra de esos justiciables”.
