Las cárceles son espacios de violencia, corrupción y violación sistemática de los derechos humanos, caracterizadas por el hacinamiento, hecho que en sí mismo constituye una de las principales violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario
La situación de las prisiones en Latinoamérica no ha mejorado en los últimos años y tiende a agravarse por diferentes factores, entre ellos el “populismo penal”; es decir, el endurecimiento de medidas penales para afrontar la inseguridad, impunidad y corrupción, sin atender las causas reales como la pobreza, desigualdad social, entre otras, señala Manuel Jorge Carreón Perea, especialista en Derechos.
“El número de motines que en los últimos años se han presentado en diferentes prisiones en la región son producto de la inestabilidad y falta de control por parte de las autoridades”, explica el docente de la Universidad Panamericana Ciudad de México (UP México).
A decir de Elba Jiménez, experta en Derecho internacional de los Derechos Humanos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el reflejo de una política de criminalización en contra de sujetos que el Estado considera violentos: los declara enemigos, son perseguidos y detenidos. En algunos casos, advierte, las motivaciones son de carácter político.
Sin embargo, lamenta, Bukele es solo una fotografía que ocurre en distintos países en América Latina como Haití, Cuba, Guatemala.
“Tristemente ante una estigmatización y criminalización de las personas, no se piensa en meterlos en la cárcel para reinsertarlos… es para aislarlos, según proteger a la sociedad de esta población y eso justifica violentar las Reglas Mandela” sobre el tratamiento de reclusos, detalla Jiménez. Estas reglas refieren que los presos deben tener uniformes, ropa de cama suficiente, tres comidas al día de acuerdo a sus necesidades.
Lo que ocurre en la realidad, advierte, es que bajo el argumento de que la persona privada de la libertad cometió un delito, se le violan los derechos humanos y no tiene derecho a nada.
La también docente en Posgrado de Derechos Humanos, subraya que, en el caso de Nicaragua, con el presidente Daniel Ortega ha metido a la cárcel a mucho perseguido político, incluso ha declarado ilegales a universidades que se han opuesto a la política del mandatario y las cárceles están siendo sobrepobladas.
