SANTO DOMINGO.- Con un costo económico social (CES) de RD$197,163 millones que representa el 5.46 % del Producto Interno Bruto (PIB), del total de 1,873 trámites y servicios correspondientes a 43 instituciones y ministerios, el Consejo Nacional de Competitividad iniciará un Plan de Mejora Regulatoria, que permitirá la reducción aproximada de un 70 % del costo social de las regulaciones.
De este levantamiento, el 64.1 % de los requisitos solicitados son considerados difíciles de recolectar o cumplir. De igual manera, el 53 % de los trámites o servicios se resuelven en menos de 30 días y en promedio, participan 10 empleados o servidores públicos de cada institución. En adición, los ciudadanos y las empresas deben de cumplir alrededor de 8 requisitos por trámites o servicios solicitados.
Levantamiento del inventario regulatorio
Las 53 instituciones levantadas para la recopilación de los datos, representan, en términos presupuestarios el 60.3 %, del Gasto Público y 10.9 % del PIB.
Los resultados del inventario regulatorio indican que existen 2,097 regulaciones administrativas vigentes a diciembre de 2018. Es importante resaltar, que con relación al tipo de regulación se verificó que 1,122 regulaciones se clasificaron en otras disposiciones reglamentarias y el resto, en: Norma con 544 regulaciones, Reglamento con 409 regulaciones, Plan con 18 regulaciones y Programa con 6 regulaciones.
Adicionalmente, entre los instrumentos jurídicos más utilizados por la Administración Pública se encuentran los siguientes: las Resoluciones con 1,280 regulaciones; los Decretos con 252 regulaciones; las circulares con 191 regulaciones; las Normas y Otro Acto Administrativos.
Las 10 instituciones que agrupan el 56 % de las regulaciones administrativas levantadas, figuran: Superintendencia de Pensiones con 210 regulaciones, Ministerio de Hacienda, con 174, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) con 142, Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con 132, Superintendencia de Mercado de Valores con 102 regulaciones, Superintendencia de Bancos con 101, Ministerio de Salud Pública cuenta con 97 regulaciones, Superintendencia de Electricidad (SIE) tiene 85, Instituto Dominicano de Aviación Civil con 78 y Dirección General de Aduanas (DGA) con un total de 64 regulaciones.
Consulta pública
Un elemento que sin dudas permitió que la estimación del costo social de la carga regulatoria sea lo más precisa posible, fue la creación de un mecanismo de consulta pública que permitió a las asociaciones empresariales, empresas y particulares en general, remitir informaciones sobre aquellas regulaciones, trámites y servicios que pudieran estar afectando sus respectivos derechos económicos y sociales, garantizados por la Constitución de la República.
En ese sentidos, se levantaron 841 encuestas en total, de las cuales 469 se realizaron a instituciones seleccionadas por la Dirección de Análisis Regulatorio de COMPETITIVIDAD y 372 fueron completadas por los ciudadanos y ciudadanas que abordan el Metro y el Teleférico de Santo Domingo, así como también, a través de la plataforma digital de RD+SIMPLE ww.rdmassimple.gob.do.
De esta consulta, se identificaron las 10 instituciones que agrupan el 83% de los trámites y servicios más mencionados por los ciudadanos y ciudadanas, siendo la Junta Central Electoral la que encabeza la lista con un 38.4 %, le sigue la Dirección General de Pasaportes con 11.2 %; la Dirección General de Impuestos Internos un 6.9 %, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre un 6.2 %, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología un 5.4 %, la Procuraduría General de la República un 4.0%, el Ministerio de Educación con un 3.3 %, el Ministerio de Salud Pública representa un 2.9 %, la Jurisdicción Inmobiliaria un 2.5% y la Dirección General de Aduanas un 2.2 %.
En cuanto a los trámites y servicios más complejos mencionados, mediante la consulta pública realizada a los ciudadanos encuestados, se encuentran la solicitud del acta de nacimiento que representa un 11.3 % de las menciones, la solicitud de cédula de Identidad y Electoral que representa un 7.5 %, la solicitud de pasaportes con un 5.6 %, la declaración tardía de nacimiento con un 2.7 % igualando el trámite de renovación de pasaportes, mientras que, la corrección del acta de nacimiento un 2.2 %, el certificado de no antecedentes penales con 1.9 %, por último, el traspaso de vehículos de motor con un 1.6 %.
Trámites con mayor costo social (CES)
Al desagregar el costo de las regulaciones por institución evaluada, solo cinco de estas acumulan el 80.3% del costo total, representando el 4.4 % del PIB: Ministerio de Salud Pública (2.6 %); Ministerio de Agricultura (0.7 %), Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (0.6%), Dirección General de Impuestos Internos (0.4%), y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (0.2%).
Asimismo, tan solo diez trámites representan el 60.2% del costo total de las regulaciones, representando el 3.28% del PIB, 6 de ellos pertenecientes al Ministerio de Salud Pública (RD$81,156 millones), los cuales son: registro sanitario de cosméticos de productos de higiene personal y del hogar (RD$23,298 millones), registro sanitario de medicamentos (RD$20,625 millones), renovación al registro sanitario de medicamentos (RD$19,095 millones), registro de productos sanitarios (RD$7,546 millones), registro sanitario de alimentos y bebidas pre-envasadas-productos importados- alimentos importados (RD$5,778 millones) y registro sanitario simplificado de cosméticos productos de higiene personal y del hogar (RD$4,811 millones).
Asimismo, de los servicios y trámites correspondientes al Ministerio de Agricultura, está la mecanización agrícola–presencial con RD$22,261 millones.
En el caso de la evaluación de las solicitudes de exequatur de profesionales, que compete al Mescyt, representa un costo social económico de RD$6,303 millones. También, la liquidación y solicitud de extracción de materiales y talonarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales asciende a RD$4,949 millones y el trámite de traspaso de vehículos de motor de la DGII, con un RD$3,946 millones.
