Santo Domingo.- Cuatro exjueces del Tribunal Constitucional (TCRD) advirtieron este miércoles que el acuerdo que permitiría que personal de Aduanas y Protección de EE.UU chequeen a los pasajeros en el aeropuerto de Punta Cana con destino a esa nación representa una amenaza para la soberanía dominicana.
El acuerdo fue firmado el 1 de enero de 2016 por el entonces presidente, Danilo Medina, y el embajador de turno de Estados Unidos en el país, James Brewster, y una semana después fue enviado al TCRD que debe determinar si viola o no la Constitución dominicana.
El tema volvió a resurgir durante las recientes evaluaciones a los postulantes a jueces del TCRD por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.
En rueda de prensa, los exjueces de ese alta corte Leyda Margarita Piña, Jottin Cury, Wilson Gómez y Katia Miguelina Jiménez expresaron su oposición al pacto que, según denunciaron, «no está siendo tratado con la profundidad que amerita, a pesar de las serias implicaciones que tendría para el supremo interés de nuestro país».
El objeto aparente del acuerdo sería facilitar el turismo», sin embargo, «la verdad sobre el referido prechequeo es que forma parte de un programa de los Estados Unidos con el propósito de prevenirse de los terroristas, así como de otras amenazas a la seguridad nacional en el ingreso al territorio norteamericano, existente tan sólo en seis países del mundo», afirmaron en un comunicado.
«Omitir el objetivo fundamental de la preautorización como política de seguridad nacional de los EE.UU., y acentuar los cuestionables beneficios colaterales que tendría dicho acuerdo para el turismo, ha sido la maniobra que se viene usando desde entonces por diferentes sectores nacionales de nuestro país, para facilitar su aprobación», afirmaron los hasta hace poco miembros del TCRD.
Permitir la instalación de áreas de preautorización para que funcionarios de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de los EE. UU., autoricen los procesos de migración y aduanas en el transporte aéreo de pasajeros para entrar a ese país viola la Constitución dominicana «por cuanto implica cesión de soberanía», subrayaron.
«Eso significaría una extensión de las fronteras de los Estados Unidos en el territorio nacional», agregaron.
Para los denunciantes, «lo más grave y trascendente es el anexo sobre el tema de los refugiados, que es parte integral del acuerdo, a sabiendas de que los preclearance se han convertido en un medio para evitar que los solicitantes de asilo lleguen al Estado donde pretenden formalizar su solicitud».
«Nada justifica una cesión unilateral de soberanía mediante un acuerdo que choca frontalmente con la Constitución dominicana y que constituye una vergüenza nacional», concluyeron
