El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ordenó ayer investigar la conducta de la Fiscalía de San Pedro de Macorís en el caso Anibel González Ureña, esa disposición podría aclarar algunos aspectos o situaciones que, desde el día en que la hoy occisa puso la denuncia, llaman la atención.
Tras el primer intento de asesinato de González Ureña por Yasmil Oscar Fernández Estévez, alias Ray, la fiscal coordinadora de la Unidad de Violencia de Género de esa demarcación, Margarita Hernández Morales, misma persona que presentó al Tribunal Colegiado el acuerdo al que llegó la fiscalía con el victimario para que se le impusiera una pena de cinco años de prisión suspendidos, le dijo a Diario Libre que la fiscalía asumía que Anibel “no estaba pasando situaciones de violencia. Ella estaba muy ocupada en su vida profesional y con sus hijos”.
“Eso nos hace a nosotros presumir que ella estaba inmersa en ese mundo y que no había pasado ninguna situación porque cuando pasó una situación de agresión verbal ella fue y lo puso en conocimiento de nosotros”, explicó la funcionaria cuando en enero de 2018 se le cuestionó por qué la fiscalía se limitó a emitir una orden de alejamiento el 21 de julio de 2017 y no someter inmediatamente a la justicia a Yasmil Fernández quien acudió a la Unidad de Atención a Víctimas en el mismo momento en que la joven abogada ponía la denuncia.
Pero el 3 de diciembre de 2017, cuando Yasmil Fernández dejó por muerta a Anibel González tras propinarle siete estocadas frente a sus hijas, no fue la única vez que él intentó asesinarla. Él la había agredido e intentado asesinar en otras ocasiones, en una de ellas un hermano de la víctima tuvo que intervenir, razón por la cual su padre se la llevó junto con las tres niñas a su casa.
Hernández Morales, no era quien manejaba directamente el caso, era la fiscal Luz Aurora Almonte quien actuando en nombre del Ministerio Público y el Estado dominicano le manifestó al tribunal el 6 de febrero de este año 2019: “He sido sorprendida con un acuerdo parcial del cual no tengo conocimiento, ni participé, ni fui informada siendo titular del caso, ni estoy de acuerdo con los términos del mismo, por lo que informamos que nos retiramos de estrado”.
Cargos
Sin embargo, luego de que Aurora Almonte se retirara de estrado, subió la titular de la unidad a presentar el acuerdo parcial y pedirles a los jueces declarar culpable de intento de homicidio, golpes, heridas, violencia contra la mujer e intrafamiliar, artículos 2, 295, 309 numerales 1 y 2 del Código Penal.
A pesar de que Yasmel Fernández, quien se suicidó luego de darle cuatro disparos a González frente a sus tres hijas en una residencia del barrio Los Maestros de San Pedro de Macorís, amenazaba, asechaba y hostigaba a su víctima, la fiscalía no calificó el hecho como un intento de asesinato como lo estipulan los artículos 309 numeral 3 y 310 del Código.
El acuerdo
Un factor por determinar en el caso es si la víctima desistió del proceso y por eso en la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado no figuran dando calidades los abogados de Anibel González ni la constancia de que a ella se le haya cuestionado para conocer si estaba de acuerdo o no con lo firmado entre el Ministerio Público y el victimario.
Miguel Ureña, tío y abogado de la occisa expresó ayer que al Ministerio Público se le había notificado que Fernández Estévez había violado la orden de alejamiento y que la occisa no estaba de acuerdo con el acuerdo al que había llegado la fiscalía.
“Recordamos que ella no se constituyó en actor civil, era un proceso que se llevaba únicamente con la partición del Ministerio Público y ella como víctima, o sea, que nosotros en calidad de abogado no podíamos hacer ningún tipo de actitud ante la Justicia por el hecho de que no teníamos las condiciones legales”, explicó Ureña.
“Ella no firmo el acuerdo y realmente fue un acuerdo que se dice que hubo acuerdo de dinero para materializarse el mismo. Ella estuvo llamando a la magistrada, la cual no le tomaba la llamada”, refirió al pedir a las autoridades indagar y determinar quién fue el responsable del acuerdo.
Contrario a lo dicho por el tío de la occisa, el procurador Jean Rodríguez explicó que la víctima llegó a un acuerdo con su expareja pero que eso no debió ser aceptado por la fiscalía.
“Es evidente que la fiscal que presentó al tribunal el acuerdo se apartó del principio de legalidad, aceptando un acuerdo jurídicamente improcedente, aun haya sido propuesto por la víctima hoy asesinada”, dijo.
