Una radiografía político y socio-económica de la frontera y las complejas relaciones domínico-haitianas, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, fue presentada en la IX Simposio Internacional «Seguridad y Defensa Fronteriza: Retos y Desafíos», un evento organizado por el Instituto Superior para la Defensa «General Juan Pablo Duarte y Díez» (Insude) del Ministerio de Defensa.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dejó claro en el discurso central del evento que el tema haitiano, a los ojos de la comunidad internacional y del Estado dominicano es complejo, “lo cual requiere de un manejo equilibrado, ya que ambos países dependen de las actividades comerciales binacionales, pese a la crisis de seguridad, política y de hambre que padece Haití”.
El canciller agregó que “los Estados tienen la libertad soberana de organizarse en su ordenamiento interior, siempre y cuando se cumplan con las obligaciones, en pos de resguardar la dignidad y la integridad de las personas, a la vez que el Estado establece el orden colectivo a través del monopolio legítimo del uso de la fuerza”.
Enfatizó que esa situación “deja ver que se trata no solo del absolutismo político, sino del equilibrio justo de este con la defensa y promoción de los derechos humanos como un asunto de interés y fortaleza nacional para países como República Dominicana, que han optado por organizarse como Estado social y democrático de derecho”.
Contextualizando ante las autoridades militares, ministros y funcionarios del gobierno presentes, encabezadas las primeras, por el ministro de Defensa teniente general Carlos Lucano Díaz Morfa y las autoridades del Insude, representadas por su rector, el general de brigada Francisco Ovalle Pichardo, Álvarez indicó que para proteger la frontera, este equilibrio es esencial para lograr un círculo virtuoso que nivele el desarrollo humano, el orden y la paz.
“El comercio internacional, por ejemplo, es una actividad vital para el crecimiento económico y el bienestar general de las naciones, en cuanto facilita el intercambio de bienes y servicios, impulsando la prosperidad y el desarrollo. Sin embargo, el comercio también conlleva riesgos, como el contrabando y el tráfico de mercancías ilegales, los que pueden amenazar seriamente la seguridad de un país”, señaló.
“Lejos de lo que muchas veces se argumenta, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) no menoscaba de manera degradante la soberanía nacional ni individual, más bien, robustece la obligación de los Estados de cumplir cabalmente con su objetivo esencial: asegurar el bienestar y seguridad de sus ciudadanos y, en cierta medida, el de los extranjeros bajo su jurisdicción”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores.
