Un conjunto de ciudadanos y organizaciones presentó hoy ante el Tribunal Superior Administrativo una acción legal mediante la cual lograron postergar el conocimiento de una medida cautelar y un recurso de nulidad que habían sido depositados por políticos y activistas religiosos en contra de la Orden Departamental No. 33-2019 del Ministerio de Educación, la cual establece como prioridad el diseño e implementación de la política de equidad de género en el sistema educativo.
La acción se trata de una demanda en intervención voluntaria, en ocasión de los recursos interpuestos por Carlos Peña y sus seguidores en contra de la referida orden, en la que Matías Bosch Carcuro, Khrista Ochoa, Airon Fernández, Evelin Guerrero, Sergia Galván, Mari Cantisano y Syra Taveras, respaldados por múltiples organizaciones, y representados por los abogados Jaime Rodríguez y Edgar García.
Tanto Bosch como el abogado Rodríguez afirmaron que la petición de una medida cautelar y el propio recurso de nulidad “carecen de todo fundamento jurídico y además desconocen la naturaleza de los actos intra-administrativos del Estado”, además de desconocer que la Orden Departamental “pone en marcha una disposición de la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, e incluso del Pacto Educativo, que en todos los casos se refieren a la educación integral integrando la perspectiva de no discriminación, cultura de paz y equidad de género”.
Bosch a la vez aseveró que “esta acción sin fundamento no tiene viabilidad jurídica, y además constituye un uso político del tema educativo y de las instituciones judiciales, con el ánimo de posicionar determinadas candidaturas e ideologías, y que además polarizan a la sociedad con un discurso conflictivo y atemorizante sin justificación alguna, y sin presentar propuestas alternativas”.
Los abogados Rodríguez y García pidieron al tribunal aplazar la audiencia para que las intervenciones puedan ser conocidas por todas las partes, y en su texto rechazan en todas sus partes la solicitud de medida cautelar que sometió Peña contra la orden departamental, porque no cumple con los requisitos exigidos para dictar dicha medida por la no existencia de peligro en la demora, la no apariencia de buen derecho y la no afectación grave al interés general o de terceros.
Explicaron asimismo que la Orden Departamental continúa en marcha y que al contrario de los intentos por anularla “la suspensión de los efectos de la orden departamental generaría una afectación grave al interés general, toda vez que le impediría al Ministerio de Educación formular una política de equidad de género para ser luego discutida y aprobada por el Consejo Nacional de Educación, cumpliendo los procedimientos y el mandato constitucional. De esta manera se impediría a este órgano de la Administración Pública poder cumplir con sus obligaciones jurídicas y las personas, especialmente los niños y jóvenes, serían privados de políticas que promuevan su equidad en derechos, igualdad y cultura de paz”.
