Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo de República Dominicana, Pablo Ulloa, ha anunciado que su oficina inicia una investigación sobre un caso de fraude que involucra a la empresa Costa Dorada. El caso se refiere a denuncias de que una red se apropió de forma fraudulenta de las acciones de la empresa Costa Dorada, así como de un terreno costero en Baní de más de 6,3 millones de metros cuadrados.
Las familias Mayol y Serrano, dueños legítimos de los terrenos, han acusado a una organización criminal compuesta por abogados, contadores y militares de falsificar cientos de documentos, incluidos contratos de compraventa de acciones, actas de reuniones, estados financieros y declaraciones juradas.
Ulloa afirmó que están en fase de investigación, y es necesario “agotar el debido proceso interno” antes de presentar una posición institucional al respecto. El caso ha generado preocupación sobre la seguridad jurídica en el país, y varios funcionarios y líderes gubernamentales expresaron sus puntos de vista sobre la importancia de proteger los derechos de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica.
La seguridad jurídica es esencial para atraer inversiones extranjeras y promover el desarrollo económico de la República Dominicana. Garantiza que los derechos de propiedad sean respetados y defendidos, proporcionando un entorno estable y predecible para empresas e inversores. El resultado de esta investigación será monitoreado de cerca por varias partes interesadas en mantener un entorno empresarial seguro y transparente en el país.
