La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), la Junta de Vecinos, inquilinos y propietarios de las casas ubicadas en el sector Los Guandules a orillas del río Ozama exigen al Gobierno que sean reubicados en un proyecto habitacional.
Hacen la exigencia a raíz de recibir una intimación donde establece un plazo para desalojar la zona.
Los residentes recibieron la intimación de parte de la URBE (Unidad Ejecutora de Readecuación de la Barquita y Entorno) que les pide la salida del lugar, para continuar la intervención del proyecto del Gobierno Nuevo Domingo Savio que busca solucionar los problemas de inaccesibilidad, inundaciones, inseguridad, insalubridad y la ausencia de espacios públicos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó un recorrido en la zona afectada para hacer un levantamiento, con el objetivo de componer una defensa de los derechos de los desalojados.
Manuel María Mercedes, representante de La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aseguró que esa intimación viola los derechos fundamentales de las personas que viven a orillas del río, y agregó que esa notificación es ilegal porque no cumple con las medidas de un proceso de un desalojo.
Afirmó que violenta el Código Civil y el decreto 48-00 que regulariza la vivienda en República Dominicana. “En el 1951 el gobierno de entonces decretó cierta área del río Ozama de utilidad pública, pero ese decreto perimió porque ahora en materia de derecho hay algo que se llama derecho adquirido”, sostuvo.
“Ellos han pretendido a través de la URBE darle un plazo sin condiciones para desalojarlos a todos, cuando un gobierno debe respetar el derecho fundamental de la vivienda. Nosotros proponemos que se construyan apartamentos para los desalojados y luego se destruyan las casas, porque tienen derechos a una vivienda digna y más si hay plan por parte del Gobierno para entregar la influenza de río Ozama al sector empresarial”, dijo Manuel María Mercedes.
En tanto, el presidente de la Junta de Vecinos de Los Guandules, Jorge Hernández, expresó que en nombre de cientos de propietarios de casas que han sido tirados a la calle pide un proyecto habitacional digno para ellos. Dice que el gobierno ha abusado y humillando a los moradores valorando las casas de 10 a 20 mil pesos y las demás declarándolas área verde.
“Debe hacerse un proyecto habitacional de viviendas dignas para los que están desalojando aquí, por el derecho a la vivienda, un derecho universal para las personas, exigimos un trato justo”, demandó el representante de la Junta de Vecinos.
Vía:diariolibre.com
