El contrato fue suscrito el pasado 30 de octubre del 2020 por el Poder Ejecutivo y establece un precio estimado por dosis de cuatro dólares y un total 10 millones de dosis, que servirían para cinco millones de personas.
La aprobación del contrato se produjo luego de que tanto la comisión de Hacienda como la de Salud, rindieran informes favorables.
Esto es parte de lo establecido en el contrato: “El Estado deberá cubrir el precio total de la siguiente manera: (i) un pago no reembolsable del 20% en la fecha de entrada en vigor del contrato; (ii) un pago del 40% cuando la vacuna sea aprobada por las autoridades sanitarias dominicanas, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MI IRA) del Reino Unido, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA); y (iii) un pago o varios pagos del 40% restante en la medida en que las dosis sean entregadas al Estado”.
En cuanto al costo de las vacunas aún no aprobadas, el documento indica que “el costo estimado de US$ 4.00 por dosis podrá incrementarse hasta un 20%, en cuyo caso el Estado asumirá la diferencia del costo, o más allá del 20%”, pero en ningún caso el costo de cada dosis será mayor de US$6.00.
La vacuna nombrada AZT1222 es desarrollada además por la universidad de Oxford y estaría disponible en el primer trimestre del año próximo.
Su aplicación para prevenir la propagación del coronavirus consiste en dos vacunas por persona. La idea del Gobierno dominicano es aplicarla a cinco millones de personas.
“El acuerdo concluido con República Dominicana permitirá que 10 millones de dosis de la vacuna candidata contra el Covid-19, desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford estaría disponible a partir del primer trimestre del 2021 y sujeta a la aprobación del Congreso Nacional, y de resultar exitoso los ensayos clínicos en curso y los procesos regulatorios”, aseguró Rafael Mendoza, presidente de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe en la firma del acuerdo en Palacio Nacional, junto al presidente de la República.
El contrato fue firmado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en base a un poder especial del Poder Ejecutivo y refrendado hoy por la Cámara de Diputados.
