Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, conversó con el alcaide del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo y las autoridades del nuevo modelo penitenciario sobre la necesidad de incrementar la cantidad de actividades que realizan los internos en ese recinto penitenciario.
La observación fue hecha por el funcionario luego de conversar con el general Adán Cáceres y otros detenidos por los casos Coral, Medusa y Pulpo. “No solamente con Cáceres yo conversé sino también con otros detenidos . Pero, en cuanto a Cáceres, él lo que plantea es la necesidad de permanecer más tiempo con sus abogados y temas relacionados con frutas para el tema de las vitaminas”, indicó.
En una nota de prensa, los abogados llamaron a Ulloa, a no “defender” a su representado, ya que parece ignorar las múltiples denuncias que han hecho en torno a la violación de los derechos del imputado.
Los abogados Francisco Álvarez, Cristian Martínez y Romer Jiménez manifestaron que las declaraciones del Defensor, en vez de ayudar a su cliente, le perjudican, ya que parece apoyar quienes se han encargado de violentar el debido proceso de ley en contra de su defendido.
Indicaron que han observado con gran asombro y confusión sus participaciones públicas y extraños pronunciamientos, relacionadas con las últimas denuncias interpuestas por Adán Cáceres Silvestre, ante la Procuraduría General de la República.
Exhortaron a al funcionario a abstenerse de continuar con cualquier asunto que tenga que ver con Adán Cáceres Silvestre, “en primer lugar, porque la ley misma se lo impide, y además, por resultar imposible especular sobre la naturaleza de los móviles que le llevan a actuar de espaldas al ciudadano denunciante y en evidente defensa del Estado denunciado”.
“Notará que nuestras denuncias tratan temas cuya investigación, a modo de monopolio, recae únicamente sobre el Ministerio Público, y que las sanciones que conllevan, administrativas y posiblemente penales, por suerte escapan a sus expeditos trabajos” afirmaron.
Destacaron que todos saben las denuncias de “terribles violaciones de sus derechos a la legítima defensa”.
