El rol del Ministerio Público como protector de la vida de Anibel González Ureña asesinada de varios disparos por su expareja es cuestionable. Falló en buscar una pena mayor contra el hombre que dos años antes había tratado de matarla. Después la misma fiscalía llegó a un acuerdo con el agresor y finalmente falla en brindar la protección a la víctima.
Cuando se le preguntó al fiscal titular de San Pedro de Macorís sobre porqué no le brindó seguridad, éste respondió: “Mi oficina siempre está abierta de lunes a viernes ella nunca vino”.
Quien más duramente cuestiona la labor de la procuraduría en esa demarcación es la procuradora general de la corte de apelación del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso: “El crimen cometido contra la joven madre y abogada Anibel en diciembre del 2017 era una tentativa de asesinato, la pena impuesta debió ser de 30 años, su victimario tenía que estar en la cárcel, no en libertad. Lamento profundamente su asesinato”.
En tanto que la viceministra de Energía Nuclear, Susana Gautreau llegó más lejos: “Si usted esta aun viva pero acosada, amenazada y perseguida por un maldito hombre que no acepta que usted lo dejo, no quiere nada con el o tiene otra pareja, no espere nada de ninguna autoridad, funcionario ni nada, páguese unos tigueres que se lo quiten del medio y punto”.
El embajador de República Dominicana en Estados, José Tomás Pérez, también rechaza la acción pero se lo imputa a los jueces: “La Suprema Corte debe investigar al juez o jueces que dejaron en libertad a un asesino que previamente le había dado 7 puñaladas a su pareja Anibel González y que luego de ser liberado se presentó a su casa y la mató a quemarropa. Alguien tiene que pagar por ese crimen”.
Mientras que el vocero del proyecto presidencial de Hipólito Mejía, Eddy Olivares, cuestionó el aparato de justicia dominicano: “Anibel González, una mujer desprotegida, fue víctima del inhumano y deficiente aparato del Estado, que después de dejar libre a la desalmada fiera que la asesinó, no cumplió su obligación de domarla y controlarla.
¿Ahora quién responde ante sus hijos? “
González Ureña murió este sábado tras ser herida de varios disparos por su ex pareja, el empresario Yasmil Oscar Fernández Estévez (Rey), en San Pedro de Macorís, quien luego se quitó la vida.
Sin embargo el crimen por el cual se le condenó Yasmil Oscar Fernández, “Ray Muebles”, fue tentativa de homicidio. Razón por la cual el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís le condenó a una bondadosa pena de cinco años de prisión. Que no fue apelada por el Ministerio Público de la provincia, todo lo contrario.
En febrero de 2019 la fiscal Margarita Hernández, a pesar del rechazo de la fiscal que llevaba el caso Luz Aurora, acordó reducir la pena del Yasmil Oscar Fernández. La fiscal Luz Aurora se retiró de audiencia y le dijo al tribunal que fue sorprendida en su buena fe con un acuerdo que no conocía. Luego cuando se reanuda la audiencia quien sube es otra fiscal, Margarita Hernández.
Esta narración de los hechos muestra, cierto nivel de acuerdo entre los fiscales superiores quienes ahora responen con un “mi oficina siempre está abierta de lunes a viernes”.
Según el acuerdo alcanzado por ambas partes “se le suspendieron tres años y seis meses de prisión al imputado a cambio” a cambio el victimario tenía que abstenerse de agredir, amenazar o intimidar a la víctima; comprometerse a presentarse ante el centro conductual para hombres del centro doctor Luis Bergés, durante el tiempo de suspensión de la pena; y ordenó el alejamiento del imputado Yasmil Oscar Fernández del domicilio de Anibel González Ureña, disponiendo una orden de protección a favor de la víctima.
