SANTO DOMINGO.- El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, entregó este lunes al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, el anteproyecto de Ley de la Minería Nacional, que modificará el marco legal vigente desde hace 48 años.
El nuevo texto pretende garantizar una mayor participación del Estado y las comunidades en la riqueza extraída del subsuelo sin desmedro de la rentabilidad de la empresa privada en un modelo ganar-ganar, informó el Ministerio en un comunicado.
El proyecto de ley establece una Participación Mínima del Estado en la Renta Minera de 40 % y bajaría de 75 años a 40 años la duración máxima de una concesión de explotación, según figua en el documento, aprobado y remitido por el presidente Danilo Medina y trabajado por Energía y Minas con participación del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos.
El presidente del Senado manifestó que en la sesión de este miércoles pondrá el anteproyecto en consideración del hemiciclo y propondrá la creación de una comisión bicameral, presidida por el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Senado, Juan Orlando Mercedes, para su estudio.
Isa Conde explicó a Pared Pérez que se trata de una propuesta que “transformará el desarrollo de la industria extractiva en la República Dominicana e impulsará su desarrollo sostenible.”
La propuesta de modificación se elaboró “bajo un modelo ganar-ganar que busca garantizar ingresos rentables para las empresas mineras, pero también que el país y las comunidades reciban lo justo por los minerales de su subsuelo”, apunta la nota.
El anteproyecto incluye los temas del marco institucional minero, las normas relativas a los títulos habilitantes, licencias y concesiones, régimen de nulidad, caducidad, extinción de derechos, el régimen fiscal y económico, la protección del ambiente, el plan de cierre y el régimen de infracciones y sanciones para esta industria.
El borrador contiene todas las disposiciones necesarias para que los derechos soberanos del Estado dominicano se ejerzan impulsando el desarrollo sostenible del sector minero nacional metálico y no metálico, cumpliendo con las exigencias necesarias en materia de sostenibilidad, precaución, prevención, eficiencia, vigilancia, juridicidad, transparencia y rendición de cuentas.
