Santo Domingo.- La reciente postura del presidente Luis Abinader respecto de los sectores de la construcción y la agricultura, ante un plan de deportación masiva de haitianos en situación irregular, ha desatado la discusión entre los legisladores sobre la aplicación de la Ley 80-20. Esta ley exige que el 80% de la fuerza laboral de una empresa debe ser dominicana, y sólo se permite que el 20% sean trabajadores extranjeros, un edicto que, según muchos, no se está implementando de manera efectiva.
El diputado Ramón Castillo enfatizó la necesidad de que el gobierno dominicano apoye activamente la regularización de los trabajadores extranjeros. Propuso que el Estado debería facilitar la legalización de los haitianos y otros trabajadores extranjeros que las empresas deseen emplear, sugiriendo que el gobierno debería renovar su estatus legal cada seis meses. Castillo criticó a los empleadores que explotan la mano de obra irregular por su rentabilidad.
La senadora Ginnette Bournigal de Puerto Plata, afiliada al Partido Revolucionario Moderno (PRM), pidió un cambio en las percepciones sociales sobre el empleo en el sector de la construcción. Argumentó la necesidad de motivar a los ciudadanos locales a aceptar empleos como la enseñanza o el comercio, afirmando: “Este mito de que los haitianos ganan menos no siempre es cierto; a veces ganan más”. Si bien reconoció la importancia de tener fronteras seguras, instó a adoptar un enfoque pragmático en materia de inmigración, señalando como modelo la gestión de su frontera con México por parte de Estados Unidos.
Amado Díaz, portavoz de los diputados del PRM, se hizo eco del llamado a un estricto cumplimiento de la ley 80-20, criticando a las empresas dominicanas por lo que perciben como avaricia. Afirmó que el aumento de la inmigración se debe en gran medida a que los empleadores prefieren contratar mano de obra haitiana barata para sus operaciones.
Esta discusión en curso en torno a la ley 80-20 y la mano de obra extranjera subraya la tensión en la República Dominicana entre las demandas económicas y la política de inmigración, particularmente en industrias como la construcción y la agricultura que dependen en gran medida de la mano de obra haitiana.
