SANTO DOMINGO. — El debate sobre la salud mental y los procedimientos médicos en la República Dominicana tomó una nueva vertiente tras la aprehensión de la psiquiatra Ylsa Quero en su consultorio, acusada por el Ministerio Público a raíz de un presunto internamiento involuntario no justificado. Durante su intervención en el espacio radial Politikal, el psiquiatra Luis Ortega y la periodista Pamela Rojas analizaron las complejas aristas de este caso, evidenciando tanto las deficiencias del sistema de atención como la necesidad imperiosa de revisar los protocolos vigentes para evitar vulneraciones de derechos.
La comunicadora Pamela Rojas manifestó una profunda inquietud ante el margen de vulnerabilidad al que puede quedar expuesto un ciudadano si el protocolo permite el traslado forzoso con la sola versión telefónica de un allegado.
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El Dr. Luis Ortega explicó que, en la práctica psiquiátrica habitual frente a una crisis aguda, los profesionales de la conducta suelen responder al llamado de auxilio de los familiares inmediatos solicitando el traslado del paciente mediante equipos de enfermería especializados. Una vez en el centro de salud, se procede a realizar la historia clínica y la evaluación médica correspondiente para determinar si el individuo cuenta con criterios clínicos de ingreso.
«¿Qué pasa cuando uno ingresa a un paciente que no está en sus cabales? La única información que uno tiene en ese momento es la de los familiares o del entorno», argumentó el médico, señalando que resulta imposible para los psiquiatras desplazarse a cada residencia a verificar la escena antes de ordenar el traslado.
Respecto a la doctora Quero, Ortega sostuvo que la especialista procedió a evaluar al paciente en el centro Renova y, al constatar que no reunía los criterios para permanecer recluido, le otorgó el alta en menos de 24 horas. asimismo, aclaró que la detención de la profesional no responde formalmente a la figura del ingreso involuntario, sino a una acusación por supuesta violencia intrafamiliar y asociación de malhechores tramitada por la fiscalía.
El especialista advirtió que la judicialización atropellada de los médicos ante situaciones de emergencia podría generar un efecto inhibitorio peligroso en la clase psiquiátrica.
«Va a pasar que los psiquiatras no vamos a ingresar y entonces vamos a venir aquí a decir por qué los psiquiatras no ingresan», sentenció Ortega.
Pamela Rojas exige evidencias contundentes y garantismo para los ciudadanos
«A mí lo que me preocupa es que para mí es nuevo este tema de que una persona tenga la potestad de llamar a un doctor y que esa persona tenga la autoridad de írselo a llevar de esa manera. En un país donde se violentan todos los procesos, este caso no debe pasar desapercibido», enfatizó Rojas durante el programa.
La periodista cuestionó la falta de mecanismos de comprobación o peritajes previos que certifiquen si el paciente cuenta con antecedentes psiquiátricos o si existe un conflicto de intereses o manipulación familiar. Ante esta realidad, Rojas hizo un llamado firme y urgente a que las autoridades del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio Público y los profesionales de la conducta se sienten en una mesa de trabajo a revisar exhaustivamente los reglamentos de internamiento.










