El DNU 70/2023, el megadecreto de desregulación económica que Javier Milei firmó al comienzo de su gobierno, vuelve al centro de la disputa política por las consecuencias que podría tener su eventual rechazo definitivo en el Congreso.
Un análisis de Zentrix Consultora advierte que una derogación no restituiría automáticamente las leyes que la norma eliminó y podría abrir un escenario de incertidumbre sobre tres sectores clave: los alquileres, la salud privada y el comercio exterior. Sin una legislación que establezca qué reglas volverían a regir, tanto los hogares como las empresas podrían quedar expuestos a conflictos legales y decisiones económicas postergadas.
Aunque el DNU modificó numerosas áreas de la economía, su eventual caída no tendría el mismo efecto en todos los sectores. La reforma laboral, cuyo capítulo original fue declarado inválido por la Justicia en enero de 2024, cuenta con un marco posterior a través de la Ley Bases y la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Las privatizaciones y la reforma energética también tienen respaldo en la Ley Bases. Por eso, según el informe, una derogación no alteraría directamente los costos laborales, las indemnizaciones ni los procesos de privatización en curso.
Uno de los frentes más sensibles es el de los alquileres. El DNU derogó la Ley 27.551 y dejó en manos de propietarios e inquilinos la negociación del plazo, la moneda y los mecanismos de actualización. Si se restableciera el régimen anterior, los nuevos contratos volverían a tener un plazo mínimo y ajustes sujetos a las reglas legales.
Zentrix advierte que la experiencia entre 2020 y 2023 estuvo asociada con una menor oferta de viviendas, el crecimiento de los alquileres temporarios e informales y precios iniciales más elevados. El impacto sería desigual: quienes ya alquilan podrían ganar previsibilidad, mientras que quienes buscan vivienda podrían encontrarse con menos opciones y valores más altos. Además, los contratos firmados durante la vigencia del DNU conservarían sus condiciones, lo que podría generar la convivencia de hasta tres regímenes distintos.
También habría consecuencias para las deudas en dólares: el eventual regreso de la redacción anterior del Código Civil y Comercial podría permitir cancelarlas en pesos, un riesgo que, según el estudio, encarecería o reduciría el financiamiento privado en moneda extranjera para inmuebles, maquinaria y bienes de capital.
La salud privada constituye otro punto de conflicto. El decreto eliminó la autorización estatal previa para los aumentos de las prepagas y habilitó la derivación directa de aportes de los trabajadores a esas empresas.
Si el DNU fuera derogado, las cuotas podrían volver a quedar sujetas a aprobación oficial y la libre elección de obra social perdería su actual base normativa. Aunque los afiliados ganarían previsibilidad en el corto plazo, el informe advierte que los controles sobre las cuotas podrían generar tensiones si los ingresos de las empresas quedaran rezagados frente a sus costos, con posibles consecuencias sobre la calidad de las prestaciones, los copagos y los pagos a clínicas y profesionales. Los traspasos ya realizados deberían preservarse, mientras que los nuevos podrían quedar frenados y parte de los aportes volvería a las obras sociales sindicales.
En el comercio exterior, el cambio también podría ser significativo. El DNU estableció que las restricciones económicas a las exportaciones e importaciones deben imponerse por ley. Si esa disposición dejara de regir, el Poder Ejecutivo podría recuperar la facultad de establecer restricciones por decreto, como ocurrió con la carne en 2021.
El informe advierte que esa posibilidad puede condicionar las decisiones de los exportadores incluso antes de que se aplique una medida concreta. A esto se sumarían el eventual regreso de registros obligatorios y la retención de mercadería en los puertos ante determinadas controversias, obstáculos que afectarían especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a los nuevos operadores.
La derogación también modificaría las reglas de juego para distintos sectores productivos y comerciales. El Compre Argentino volvería a priorizar proveedores nacionales en las compras estatales, con mayores oportunidades para la industria local, aunque también con un posible costo fiscal superior. Los comercios recuperarían límites a los aranceles de las tarjetas, las pymes volverían a contar con espacios reservados en las góndolas de las grandes cadenas y los productores yerbateros podrían recuperar un precio de referencia para la hoja verde. A su vez, la Ley de Abastecimiento devolvería al Estado herramientas de intervención y control de precios.
También recuperarían protagonismo las obras sociales sindicales, los registros del automotor —con el monopolio territorial sobre determinados trámites vehiculares— y organismos sectoriales que habían perdido facultades de intermediación y negociación. Para las pymes, el balance sería mixto: podrían beneficiarse de nuevas protecciones, pero afrontarían mayores obstáculos para exportar y acceder a financiamiento en dólares.
El costo de la transición
Zentrix considera que una eventual derogación no provocaría por sí misma un shock macroeconómico, ya que no modificaría directamente los regímenes cambiario, monetario, tributario ni laboral. Sin embargo, podría repercutir en gastos cotidianos, como el alquiler y la cuota de salud, y en decisiones empresariales de largo plazo. Sin una ley que establezca qué normas vuelven a regir y cómo se resuelven los contratos en curso, la definición podría quedar en manos de los jueces, caso por caso, con más litigios y decisiones económicas postergadas.
El análisis se basa en el texto del DNU 70/2023, las leyes 26.122, 27.742 y 27.802, los decretos y reglamentaciones dictados con posterioridad y la jurisprudencia relevante, incluido el fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre de 2026 sobre la Ley de Tierras Rurales.
Así, el debate excede la continuidad de uno de los principales instrumentos de desregulación de Milei. El Gobierno impulsó cambios profundos en las reglas económicas, pero una eventual derogación pondría sobre la mesa otra cuestión: cómo evitar que la disputa política y legislativa termine trasladando la incertidumbre a los hogares y las empresas. Mientras los alquileres, la salud privada y el comercio exterior concentran los principales interrogantes, el costo de definir qué reglas rigen después del decreto podría convertirse en otro foco de tensión económica.
