La República Dominicana acaba de alcanzar una meta que durante décadas parecía lejana. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el país redujo la prevalencia de la subalimentación por debajo del umbral internacional utilizado para identificar el hambre crónica como problema de salud pública. Es un logro que pocos países de América Latina y el Caribe han conseguido y que refleja avances sostenidos en producción agropecuaria, disponibilidad de alimentos, protección social y estabilidad económica.
Toda sociedad debe celebrar sus éxitos. Pero las sociedades también maduran cuando comprenden que cada éxito abre un nuevo desafío. Y ése es precisamente el momento en que se encuentra hoy la República Dominicana.
Mientras el país deja atrás el hambre como problema estructural, continúa enfrentando uno de los indicadores más preocupantes de la región: una mortalidad neonatal que permanece entre las más elevadas de América Latina y el Caribe.
A primera vista, ambos hechos parecen incompatibles.
¿Cómo puede un país que prácticamente ha erradicado el hambre seguir perdiendo tantos niños durante sus primeros días de vida?
La respuesta obliga a comprender que el desarrollo humano no avanza de manera uniforme.
Durante buena parte del siglo XX, la lucha contra la desnutrición, las enfermedades infecciosas y la mortalidad infantil respondía a un mismo conjunto de políticas públicas. Mejorar la alimentación, ampliar las vacunaciones, extender el agua potable y aumentar la cobertura de los servicios básicos producía beneficios simultáneos sobre la supervivencia infantil.
La República Dominicana recorrió exitosamente ese camino. Hoy los niños mueren mucho menos por diarreas, sarampión, desnutrición o infecciones prevenibles que hace treinta o cuarenta años.
Sin embargo, precisamente porque esas causas disminuyeron, el perfil epidemiológico cambió. Las defunciones comenzaron a concentrarse en el momento más complejo del ciclo vital: el nacimiento.
Hoy la mayoría de las muertes infantiles ocurre durante el período neonatal, es decir, antes de cumplir los primeros veintiocho días de vida. Y dentro de ese período, una elevada proporción se produce durante la primera semana.
No se trata de un fenómeno exclusivamente dominicano. Los demógrafos y epidemiólogos conocemos esta transición desde hace décadas. Conforme los países reducen la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal pasa a representar una proporción cada vez mayor del total de defunciones infantiles.
La diferencia radica en la velocidad con que cada país logra superar esa nueva etapa. Y ahí reside el principal desafío dominicano.
La mortalidad neonatal ya no depende principalmente de la disponibilidad de alimentos.
Depende de la calidad de la atención prenatal; del diagnóstico oportuno de los embarazos de alto riesgo; de la atención obstétrica durante el parto, de la capacidad resolutiva de las maternidades; de la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos neonatales; de la oportunidad con que un recién nacido prematuro recibe asistencia respiratoria; de la coordinación entre los hospitales, los médicos especialistas y los servicios de referencia.
En otras palabras, el país ha resuelto en gran medida un problema asociado con la seguridad alimentaria, pero todavía enfrenta un desafío estrechamente vinculado con la organización y la calidad del sistema de salud.
Esta diferencia es fundamental. Reducir el hambre exige garantizar alimentos. Reducir la mortalidad neonatal exige garantizar atención. Y ambas políticas, aunque relacionadas, responden a lógicas distintas.
El reconocimiento internacional alcanzado por la República Dominicana en materia de seguridad alimentaria demuestra que el país posee capacidad para diseñar y ejecutar políticas públicas exitosas cuando existe continuidad institucional, coordinación intersectorial y objetivos claramente definidos.
La pregunta inevitable es si esa misma capacidad podrá orientarse ahora hacia la supervivencia neonatal.
La respuesta debería ser afirmativa. Porque el país no parte de cero. Más del noventa y nueve por ciento de los partos ocurre en establecimientos de salud. La cobertura prenatal es elevada y la infraestructura hospitalaria ha crecido durante las últimas décadas. Sin embargo, los resultados muestran que ampliar la cobertura ya no basta. El reto consiste ahora en mejorar la calidad efectiva de la atención, reducir las desigualdades territoriales y fortalecer la continuidad entre el embarazo, el parto y el cuidado neonatal.
La experiencia internacional demuestra que las reducciones más importantes de la mortalidad neonatal ocurren cuando el sistema de salud deja de actuar mediante intervenciones aisladas y comienza a funcionar como un verdadero continuum de atención. El embarazo no puede separarse del parto, ni el parto del cuidado intensivo neonatal, ni éste del seguimiento posterior del recién nacido.
Durante muchos años la República Dominicana concentró sus esfuerzos en reducir la pobreza, ampliar el acceso a los alimentos y controlar las enfermedades transmisibles. Esos objetivos eran correctos y los resultados así lo demuestran.
Pero el desarrollo cambia de rostro. Hoy el principal desafío ya no consiste en garantizar que los niños nazcan con posibilidades de alimentarse.
Consiste en garantizar que lleguen con vida a ese momento.
Por eso la reducción de la mortalidad neonatal debe convertirse en la nueva frontera de la política social dominicana.
No se trata únicamente de un problema sanitario. Es un indicador que resume la calidad de la atención médica, la equidad territorial, la protección social y la capacidad del Estado para cuidar la vida en el instante de mayor vulnerabilidad.
Los países no culminan su transición sanitaria cuando derrotan el hambre. La culminan cuando consiguen que nacer deje de ser el momento de mayor riesgo para vivir.
Y quizás esa sea la gran tarea pendiente de la República Dominicana en la próxima década.
