La fiscalía peruana logró el martes la primera condena por un caso ligado a la corrupción que la constructora brasileña Odebrecht desplegó en el país y que desde 2016 provocó un terremoto en todos los niveles de la clase política peruana.
La histórica sentencia de ocho años y tres meses de cárcel recayó sobre César Alvarez, exgobernador de la rica región minera Ancash (2007-2014) en cuyo periodo otorgó la construcción de una carretera a Odebrecht a cambio de 2,6 millones de dólares. La jueza Nayko Coronado sentenció a Alvarez por el delito de corrupción en la modalidad de colusión agravada y negociación incompatible en favor de la constructora brasileña.
El fiscal anticorrupción de Ancash, Elmer Chirre, dijo a periodistas que para documentar su caso no necesitó de la ayuda de colaboradores eficaces ni de información desde el extranjero debido a la contundencia de los delitos. Alvarez, de 52 años, finalizará su condena en 2027.
El gobernador sentenciado estaba preso de forma preventiva desde 2014 por orden de un juez luego de ser acusado de ordenar el asesinato mediante sicarios de un político opositor a su gestión, que en vida lo acusaba ante los medios de ser el líder de una organización mafiosa que había despilfarrado el dinero público de la rica región hoy en ruinas. Por este segundo caso la fiscalía pide 30 años de prisión.
Al igual que en toda la región, las investigaciones anticorrupción en Perú han provocado caos entre la élite política de todas las tendencias ideológicas y en todos los niveles de poder, incluyendo a expresidentes, exgobernadores y exalcaldes. Todos los expresidentes peruanos desde 2001 hasta 2018 están investigados, uno de ellos –Alan García (2006-2011)– se suicidó de un disparo en la cabeza para evitar ser detenido mientras se lo investigaba por sus nexos con Odebrecht.
