El expediente depositado por el Ministerio Público contra los imputados en la Operación Búho establece que estos crearon una estructura delincuencial, la cual respondía de forma exclusiva al presidente de la cooperativa Jorge Eligio Méndez, quien posteriormente se convirtió en administrador general.
Los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) están acusados de cometer un fraude de unos RD$2,500 millones a través de la falsificación de documentos, robo de identidad, entre otros delitos.
Eligio Méndez comenzó a posicionar en puestos administrativos de la cooperativa a familiares y personas de confianza, que le permitían manejar los fondos de los socios como si fuesen “un patrimonio propio”.
Méndez designó a Ana Cecilia Tejada Santos, como gerente de oficina principal desde el año 2017, a Julio César Minaya Mejía, como auditor interno desde el año 2018; a Jacer Eliazar Mejía Pereyra, como encargado del departamento de crédito desde el 2015, este último sin contar con los conocimientos ni preparación necesaria para desempeñar esa posición.
Asimismo, según el Ministerio Público, fue designada como oficial de cumplimiento para la prevención del lavado de activos a Amalia María Sánchez Méndez, desde el año 2015; ascendió a Breily Ricardo Montero al puesto de encargado de tecnología y nombró a Roanni Peña Aybar.
El documento señala que los encartados utilizaron documentos falsos como garantías y se hicieron beneficiarios de préstamos millonarios los cuales no fueron pagados, sino que ese dinero fue sustraído de los fondos de los ahorrantes de la cooperativa.
Además, simulaban reestructuraciones de préstamos de forma mensual y anual con el que aparentaban los balances como positivos en los estados financieros de la Coop-Herrera, sin embargo, las cuotas de eso créditos nunca eran pagadas.
Según establece el documento, los imputados creaban créditos falsos que luego se desembolsaban en las cuentas de otros socios que participaban en la estructura criminal; con estos simulaban la apertura de certificados financieros a plazos (sin respaldo económico), que generaban intereses que eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que participaban en la red.
Los acusados adquirieron bienes suntuosos como villas, vehículos alta gama, yates, entre otros y utilizaron como método de pago los certificados financieros sin garantía o respaldo colateral. Esto generaba intereses mensuales que eran retirados por los vendedores, cuyo dinero salía de los socios de la cooperativa.
El órgano persecutor establece que los bienes adquiridos con el dinero de los socios eran colocados a nombre de empresas y de terceras personas, cercanas a los miembros de la estructura criminal.
Asimismo, en los últimos días del mes de diciembre de cada año, eran librados cheques de parte de los miembros de la red por sumas millonarias de dinero a quienes les daban entrada a los estados financieros de la cooperativa, sin embargo, en los primeros días de enero eran devueltos por falta de fondos. Esta operación permitía reflejar una ficticia liquidez al cierre de año, aunque luego el valor nuevamente aparecía con un valor en negativo.
Entre otros delitos que cometieron Eligio Méndez y los demás encartados, está la falsificación de certificados de depósitos a plazo fijo con el que reflejaban una liquidación ficticia, constituyendo una falsificación de valores o títulos.
También, alteraban los estados financieros de la cooperativa para reflejar una liquidez aparente y de esta forma poder seguir atrayendo socios e inversiones, y asegurarse de que se continuaran las operaciones delictuales.
De igual forma, los miembros de la estructura alteraron los sistemas con la incorporación de datos falsos y hacían parecer que las cuentas de ahorro de determinados socios habían recibido cantidades de dinero por caja, el cual nunca ingresaba a las cuentas de la cooperativa ni a la bóveda.
El Ministerio Público indicó que fue disuelto desde inicio del año 2020 por el Consejo de Administración, el comité de crédito luego de haber rechazado la autorización de préstamo para uno de los socios miembros de la red acusada, debido a que garantía presentada no era idónea, no obstante, se libraban actas con firmas escaneadas de los miembros.
Según afirma el documento acusatorio, con el fin de blanquear los capitales y bienes adquiridos, la red criminal diversificó distintas actividades económicas al adquirir programas de radio, agencias de viajes y negociaron la adquisición de acciones en múltiples bancos.
APLAZADO
El juez Máximo Castelar Roa Saint Hilaire, del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, aplazó para el próximo lunes 16 al mediodía, el conocimiento de medida de coerción en contra de los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera).
