Luego de determinar que un total de 1,873 trámites y servicios correspondientes a 43 instituciones y ministerios representa un costo económico social de RD$197,163 millones, el Consejo Nacional de Competitividad dará comienzo a un Plan de Mejora Regulatoria, que permitirá la reducción aproximada de un 70 % del costo social de las regulaciones.
Al participar como orador invitado en un almuerzo organizado por la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera (ANEIH), el director ejecutivo de Competitividad, Rafael Paz, manifestó que en República Dominicana ya no puede ser posible que si una institución pública emite un documento también haya que pagarle a la misma entidad por un sello a fines de certificar ese documento.
“Hay que acabar con la cultura del sello y la certificación, no es posible que en un país una institución emita un documento y le exija al ciudadano que solicite una certificación donde ella misma sobre ese documento”, expresó Paz.
Con respecto al estudio realizado por Competitividad, el cual estimó el costo de las regulaciones en el país, el funcionario dijo que el 64.1 % de los requisitos solicitados es considerado difícil de recolectar o cumplir.
“De igual manera, el 53 % de los trámites o servicios se resuelve en menos de 30 días y en promedio, participan 10 empleados o servidores públicos de cada institución. En adición, los ciudadanos y las empresas deben cumplir alrededor de ocho requisitos por trámites o servicios solicitados” refiere el documento entregado a la prensa.
Además, señala que las 53 instituciones levantadas para la recopilación de los datos representan, en términos presupuestarios, el 60.3 %, del Gasto Público y 10.9 % del PIB.
En ese orden, el director de Competitividad indica que los resultados del inventario regulatorio indican que existen 2,097 regulaciones administrativas vigentes a diciembre de 2018.
También destaca que con respecto al tipo de regulación se verificó que 1,122 de ellas se clasificaron en otras disposiciones reglamentarias y el resto, en: Norma con 544 regulaciones, Reglamento con 409 regulaciones, Plan con 18 regulaciones y Programa con 6 regulaciones.
Adicionalmente, entre los instrumentos jurídicos más utilizados por la administración pública se encuentran los siguientes: las Resoluciones con 1,280 regulaciones; los Decretos con 252 regulaciones; las circulares con 191 regulaciones; las Normas y Otro Acto Administrativo.
La entidad resalta que entre las 10 instituciones que agrupan el 56 % de las regulaciones administrativas levantadas figuran: Superintendencia de Pensiones con 210 regulaciones, Ministerio de Hacienda, con 174, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) con 142 y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con 132.
Vía: www.diariolibre.com
