Santo Domingo.- El fiscal general adjunto Wilson Camacho anunció que el ministerio público apelará las medidas coercitivas impuestas a Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set Club, acusados de homicidio involuntario y lesiones resultantes del colapso del techo fatal el 8 de abril que dejó 236 muertos y más de 180 heridos. Camacho criticó la decisión del juez Fátima Veloz, que ordenó la fianza, los informes periódicos y una prohibición de viajar, como «una burla de las víctimas», argumentando que no pudo reflejar la gravedad de la tragedia.
En declaraciones a la prensa fuera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Camacho enfatizó que si bien el caso se declaró complejo y el Tribunal reconoció la clasificación legal de los cargos, las medidas impuestas no coincidían con la escala de daños, incluida la muerte de 236 individuos y más de 130 niños se fueron huérfanos. Acusó a los hermanos Espaillat de priorizar las ganancias sobre la seguridad al ignorar las advertencias estructurales y sobrecargar el techo del club nocturno con unidades de aire acondicionado industrial y tanques de agua, sin evaluaciones de ingeniería adecuadas.
La audiencia de 14 horas fue dirigida por Camacho y un equipo de fiscales que presentaron más de 130 pruebas para apoyar las llamadas de detención preventiva más estricta. La fiscalía sostiene que los espaillats estaban al tanto de los problemas estructurales del techo a través de informes de empleados, fotos y videos, pero optaron por reparaciones de reducción de costos en lugar de seguridad. El Ministerio Público sigue siendo firme en la búsqueda de la responsabilidad bajo los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, que abordan homicidio imprudente y lesiones negligentes.
