Santo Domingo.- Wilson Camacho, director de la oficina anticorrupción del Ministerio Público, criticó la decisión del Tribunal de imponer lo que considera una medida coercitiva indulgente en Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca de Jet Set. Los hermanos enfrentan cargos de homicidio involuntario después del trágico colapso del techo en su lugar el 8 de abril, que dejó 236 muertos y más de 180 heridos. A pesar de que el caso fue declarado complejo, el juez Fátima Veloz ordenó una fianza de RD $ 50 millones, apariciones periódicas en la corte y una prohibición de viajar, mide que Camacho cree que no reflejan la gravedad del desastre.
En respuesta, el equipo legal de la familia Espaillat presentó documentos que muestran que la compensación financiera ya se ha proporcionado a más de 40 víctimas y familiares, incluidos músicos de la orquesta de Rubby Pérez. Entre ellos está Zulinka Yadhira Pérez, hija del difunto artista, que recibió reparaciones oficiales. La defensa también solicitó el despido de la detención preventiva, alegando que no existe riesgo de vuelo u obstrucción. Desafiaron las acusaciones de negligencia, utilizando mensajes de un ex empleado para demostrar una relación amigable con el acusado.
La familia Espaillat sostiene que han actuado transparentemente desde el incidente. Afirman que Antonio Espaillat no estaba en el país en el momento del colapso y desde entonces ha cooperado por completo. También han conservado evidencia estructural y contrataron a un experto internacional para su posterior análisis. A medida que se desarrolla la investigación, el caso continúa provocando debate en toda la República Dominicana sobre la adecuación de la justicia y las reparaciones para una de las tragedias más mortales del país.
