Al conversar con Huchi Lora y Alicia Ortega con motivo de sus primeros nueve meses de gobierno, el presidente Luis Abinader, hizo saber que entre sus insatisfacciones estaba el desempeño del sector eléctrico.
No ahondó en el tema, pero no hacía falta porque el informe de la ejecución presupuestaria del primer trimestre de este año de la Dirección General de Presupuesto lo explicaba:
“Entre enero y marzo de 2021 los ingresos enviados a la CDEEE (RD$8,273 millones de pesos) significaron el 14.6% de las transferencias corrientes que realizó el gobierno en ese periodo, solo superado por las hechas al Servicio Nacional de Salud (RD$12,559.7 millones) y al programa Comer es Primero (RD$11,294.5 millones”, consignó Diario Libre.
La reseña explicaba que “el nivel promedio de las pérdidas se incrementó en 6.7 puntos porcentuales durante el primer trimestre de este año en comparación con igual período del 2020. De tener un nivel de pérdida de 27.5 en el primer trimestre enero-marzo del año pasado, la cifra pasó a 34.2% en igual período del 2021”
“Edeeste es la empresa de peor ejercicio durante el referido período al subir su nivel de pérdida desde 40.9 hasta 51.6% equivalente a un aumento de 10.7 puntos porcentuales. A estas le siguió Edesur, cuyas pérdidas incrementaron en cinco puntos porcentuales, pasando de 21.2% en enero marzo 2020 a 26.2%.
“En tanto, el nivel de pérdidas de Edenorte subió 3.4 puntos porcentuales, al incrementarse desde 19.8% a 23.2%. Asimismo , el nivel de cobranza promedio de las tres empresas distribuidoras de electricidad cayó de 96.5% que se registró en enero-marzo de 2020 a 94.9% este año”.
En abril, lejos de que esas razones de inconformidad disminuyeran, aumentaron porque las transferencias para el subsidio eléctrico (RD$4,455.5 millones) fueron mayores que las realizadas al Servicio Nacional de Salud, en una etapa de arreciamiento de la pandemia de Covid19 (RD$4,107.1 millones), realidad que los gestores del sector de empecinan en ocultar denunciando supuestos fraudes anteriores y presentando unas cifras de mejorías y ahorros que no cuadran con la realidad.
Si a esas pérdidas se suman los más de 2,500 millones que el gobierno ha destinado a subsidiar las alzas en los precios de los combustibles, estamos ante un panorama al que hay presentar soluciones antes de abocarse a la discusión de una reforma fiscal.
Hace tres meses que el gobierno suscribió un pacto eléctrico que lo obliga a adoptar una serie de medidas para contener el barril sin fondo de las pérdidas de las distribuidoras, pero anda enredado en las patas de los caballos forzando una reforma del sector a contrapelo de la legalidad.
Creían que la ley 100-13 que creó al Ministerio de Energía y Minas, suplantaba las funciones que la Ley General de Electricidad confiere a la CDEEE, de liderar y coordinar las empresas eléctricas, cosa que no es así porque esa legislación lo que le quita eran atribuciones provisionales que se le dejaron por cinco años y adscribe la CDEEE como a otras entidades al Ministerio de Energía y Minas, sin menoscabo del rol que le establece el artículo 138 de la Ley 125-01.
En conclusión, se ha creado una nebulosa que mantiene al sector sin un liderazgo definido, y por decreto se ha emprendido la liquidación de una entidad sin el mandato de una ley, confiriendo al Ministerio de Energía y Minas, potestades distorsionantes de su rol como rector de un sector del que nunca debe ser parte.
