Martín Menem descubrió que en la Argentina existen dos tipos de milagros: los que hace el Papa y los que necesita la Casa Rosada para que nadie mire el Presupuesto 2027 que mandó Luis «Toto» Caputo al Congreso.
El primero requiere fe; el segundo, una sesión de Diputados antes del 21 de octubre, porque el Sumo Pontífice tiene agendada una visita al Cottolengo Don Orione y al gobierno no le vendría nada bien que la imagen del Vicario de Cristo consolando discapacitados a los que este gobierno les viene recortando las prestaciones circule por el mundo entero.
Así que el titular de la Cámara baja armó un proyecto express con el radicalismo, el PRO y el MID para fingir que la emergencia en discapacidad no existe, y encima obturar la que promovía la oposición. La jugada tiene la elegancia de un ladrón que devuelve la billetera vacía para que no lo acusen de habérsela llevado.
El problema es que el atajo se le trizó a las 24 horas de presentarse el Presupuesto 2027, ese documento que Caputo diseñó con el mismo criterio con el que un carnicero acomoda la balanza: partidas brutalmente recortadas para pensiones y prestaciones, y un artículo primero que consagra la «sostenibilidad fiscal» antes que el derecho.
Es decir: la ley te promete el derecho a la salud, pero el Ejecutivo puede sustituir el programa por «el que en el futuro lo reemplace». Si mañana te cambian Incluir Salud por un folleto, la ley igual se cumple.
El padrón de Incluir Salud cayó de 997.842 afiliados en enero de 2024 a 714.303 en marzo de 2026, y el Presupuesto 2027 planifica una cobertura del 62 por ciento. Los números no mienten, pero los funcionarios sí: el proyecto de Menem no garantiza rehabilitación, centros de día, hogares, transporte ni apoyo educativo. Los reemplaza por el «programa básico de salud» de Incluir Salud, creado por una resolución ministerial. O sea: el derecho queda en manos del Ejecutivo, que puede bajarlo con una firmita.
El peronismo lo dice sin anestesia: el dictamen de Menem vuelve al paradigma anterior a la ley 27793 de 1998. Consolida dos pensiones distintas, invalidez laboral y discapacidad, y la compatibilidad con el empleo alcanza sólo a quienes tengan CUD; los titulares por invalidez laboral quedan sin esa garantía y excluidos de la pensión no contributiva por discapacidad.
Los familiares alertan lo mismo que los diputados de UP: el contenido del derecho queda a merced del Ejecutivo, que puede sustituir el programa por otro menor y cumplir igual con la ley. Es el sueño húmedo de cualquier ajustador: una norma que te obliga a nada y te permite todo.
Menem necesita ese gesto porque navega entre dos aguas que no se mezclan: el dogmatismo de Caputo, que no quiere desactivar ni un peso del ajuste a discapacitados, y la necesidad de disimular el maltrato sistemático antes de que el Papa pise el Cottolengo. «Los libertarios tienen que hacer algo para disimular antes que venga el Papa», admitió un radical, con la frescura de quien confiesa que el proyecto es un decorado. No es una ley de discapacidad, es una escenografía para una foto que no se quiere sacar.
Y como el oficialismo no sabe hacer una sola cosa sin engancharla con otra, el temario incluye la restitución de la ley de tierras. El plenario de comisiones del miércoles 14 metería de nuevo el capítulo que repone la norma del 2011 en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, después de que Mayans y los aliados del gobierno extirparan el fragmento sobre extranjerización.
La Casa Rosada entró en pánico cuando la Corte Suprema falló a favor de los ex combatientes de Malvinas que lograron una cautelar para proteger la ley, y desde entonces mastica con rabia la posibilidad de que Diputados derogue el DNU 70/23. Gabriel Bornoroni, Bertie Benegas Lynch, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado escucharon de boca de los aliados que la oposición podía voltear el mega decreto si no se reponía la ley de tierras. Y Menem, precavido, convocó el plenario un día antes de la sesión que sus adversarios pidieron contra el decreto.
Hasta Raúl Jalil habilitó a los tres diputados de Elijo Catamarca para que den quórum contra el DNU. Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot anunciaron por El Esquiú que acompañarán la iniciativa opositora. «Tenemos una postura firme en defensa de la no extranjerización de las tierras», dijo Nóblega, mientras cerca de Jalil deslizan que esos legisladores «ya no están colaborando con el gobierno nacional» y que el gobernador no tendría responsabilidad en la decisión.
La misma comitiva que viajó a París con Javier Milei para el evento «Argentina Week» ahora se despega con la elegancia de un pasajero que niega haber estado en el auto.
Al cierre, el peronismo contaba más de una decena de indecisos. Pablo Juliano, radical, se quejó por Twitter: «Reculan en chancletas: hoy los libertarios llamaron a dictaminar el miércoles 14 la ley de Propiedad Privada para incluir límites a la venta de tierras a extranjeros. Convicciones nulas».
La frase resume el método: si el Papa viene, maquillan la discapacidad; si la Corte aprieta, resucitan a Cristina Kirchner; si el DNU peligra, llaman a dictamen un día antes. No hay convicciones, hay calendario. Y el calendario, en la Argentina, siempre termina siendo un ajuste con fecha de vencimiento.
