LA ROMANA.-El movimiento Marcha Verde solicitó este lunes a la Junta Electoral de La Romana que se pronuncie o entregue certificación – en caso de que lo haya hecho – respecto a una una impugnación de la candidatura a alcalde de Juan Antonio Adames (Tony), del Partido Reformista Social Cristiano.
En un documento entregado al organismo electoral, el colectivo social exige explicaciones sobre el recurso interpuesto por el ciudadano Wanderson Tirana Gómez, domiciliado en el sector Villa Verde, el pasado 12 de febero del año 2020.
La solicitud, sellada como recibida por la Junta Electoral, está firmada por Demetrio Severino, Lorena Hernádez, Manuel H. Franjul y Leonardo Cedano.
El pasado 14 de febrero, durante una rueda de prensa en el parque Duarte, Marcha Verde reclamó «inhabilitar la candidatura por la existencia de causas penales abiertas por connotados hechos de corrupción en el ayuntamiento de La Romana en la función de alcalde».
De ese modo, el movimiento que lucha contra la corrupción, sin banderías políticas, expresó su respaldo al pedido de anulación de candidatura hecha por el ciudadano Tirana Gómez.
Dicha impugnación se basa en que Adames fue suspendido por el Concejo de Regidores en 2013 y luego sometido a la justicia por presuntos actos dolosos.
Gómez argumenta en su documento que el dirigente reformista afronta impedimentos administrativos y legales para poder asumir las funciones de ejecutivo municipal.
Entre sus alegatos figuran el hecho de que todavía se mantiene la inhabilitación provisional para el ejercicio de funciones públicas y que no ha intervenido una sentencia de absolución o levantamiento de la misma.
De igual modo, porque la suspensión aún está vigente y «por la improcedencia de la inscripción de la candidatura de una persona sujeta a degradación cívica y suspensión administrativa».
Wanderson Tirana Gómez sostiene que la suspensión de Tony Adames, mediante sentencia jurisdiccional, fue ratificada por fallo del Tribunal Superior Electoral del 7 de octubre de 2013 y confirmada por el Tribunal Constitucional el 15 de diciembre de 2015.
