Santo Domingo.- La República Dominicana ha logrado importantes avances legislativos y de políticas públicas en su lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, según la Fiscal General Adjunta Yeni Berenice Reynoso. Al intervenir en el primer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por el Banco de la Reserva, Reynoso enfatizó que la legislación anticorrupción del país es considerada una de las más completas y robustas del mundo.
Reynoso reconoció que combatir la corrupción no ha sido una tarea fácil para el Ministerio Público, ya que la corrupción se estructuró en el país durante la última década. Destacó que la lucha contra la corrupción pasa muchas veces por identificar grupos criminales con el objetivo de desviar bienes del Estado.
Sin nombrar casos específicos, Reynoso aludió a redes corporativas involucradas en corrupción, revelando que en un caso estas redes movieron 19 mil millones de pesos en menos de un año. Enfatizó que el lavado de dinero está estrechamente relacionado con el narcotráfico, y la corrupción sirve como delito madre con numerosos hijos destacados, incluido el narcotráfico, delitos contra las personas y la propiedad, contrabando, tráfico de armas, trata de personas, delitos financieros y más.
Reynoso también señaló que más del 70% de los delitos en República Dominicana involucran armas de fuego, lo que ilustra la interconexión entre la corrupción y la seguridad. Elogió el aumento de fiscales dedicados a la lucha contra la corrupción, con la Procuraduría General de la República expandiéndose de seis fiscales en 2020 a 50 en la actualidad.
Durante el congreso, Samuel Pereyra, administrador general del Banco de la Reserva, destacó los desafíos apremiantes del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El evento tuvo como objetivo fortalecer estrategias para combatir eficazmente el crimen organizado. Otros asistentes destacados fueron Joel Santos, Ministro de la Presidencia; Alberto Then, el Director de la Policía Nacional; y el vicealmirante José Cabrera Ulloa, director general de la Dirección de Control de Drogas (DNCD).
