Solicitan al director del hospital Jaime Mota información sobre presupuesto recibe del Estado

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BARAHONA.- Los periodistas Omar Medina y Milciades Féliz Encarnación se presentaron el viernes por la tarde al despacho del director del hospital regional universitario Jaime Mota de esta ciudad, con el propósito de solicitar, conforme a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública copias de la subvención que recibe ese centro de salud del Estado dominicano.

Los profesionales del periodismo preocupados por la transparencia y el buen uso que deben recibir los recursos públicos y cobijados por la Ley 200-04 han acudieron a la sede de salud para hacer formalmente dicha solicitud.

Fueron recibidos por el titular de esa dependencia estatal doctor Santo Beltré, le hacía compañía el subdirector del hospital, el encuentro tuvo efecto a eso de las 3: 30 de la tarde de este viernes.

Requieren, entre otras cosas, copias de la subvención que recibe ese centro del Estado y el manejo de los mismos. Además, copias de gastos e inversión del presupuesto, copias de la nómina de empleados y copias de la asignación de medicamentos que recibe de Promese Cal.

Se recuerda que en su artículo 7 de la Ley General de Libre Acceso de la Información establece que la Administración pública, tanto centralizada como descentralizada, así como cualquier órgano o entidad que ejerza funciones públicas o ejecute presupuesto público, ésta en la obligación de entregar información sencilla y accesible al ciudadano sobre los trámites y procedimientos que estos deben agotar para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la entidad o persona que se trate.

Además, el artículo 30 de la misma Ley establece que el funcionario público o agente responsable que en la forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con penas privativas de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.